En un hecho histórico para la política brasileña, el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado este jueves a 27 años y tres meses de prisión en régimen cerrado, tras ser hallado culpable de encabezar un plan golpista después de perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión, adoptada por mayoría en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal, lo responsabiliza de delitos como intento de golpe de Estado, pertenencia a organización criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho y daños a bienes públicos, incluyendo los ocurridos durante los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus seguidores asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.
La sentencia no se limita a Bolsonaro: varios de sus antiguos colaboradores y aliados políticos también fueron condenados, entre ellos Walter Braga Netto, exjefe del Estado Mayor, con 26 años de cárcel; Anderson Torres, exministro de Justicia, con 24 años; y Mauro Cid, su exayudante personal, quien recibió una pena menor gracias a la colaboración que brindó a las investigaciones. El tribunal consideró probado que el expresidente intentó deslegitimar el sistema electoral mediante campañas de desinformación, presión sobre las Fuerzas Armadas y conspiraciones destinadas a revertir el resultado de las urnas.
La defensa de Bolsonaro calificó el fallo de “excesivo y desproporcionado” y anunció que apelará tanto en cortes brasileñas como en instancias internacionales, argumentando que se han vulnerado sus derechos y garantías procesales. Sin embargo, el fallo ya marca un precedente: es la primera vez en la historia del país que un expresidente es condenado por conspirar contra la democracia.
El impacto político de la sentencia es profundo. Además de cerrar el camino de Bolsonaro hacia cualquier candidatura futura, refuerza la idea de que las instituciones brasileñas han decidido trazar un límite claro frente a los intentos de socavar el orden democrático.
