“A mis amigos, justicia; a mis enemigos, todo el peso de la ley”
—Epígrafe apócrifo atribuido al autoritarismo latinoamericano contemporáneo
Este ensayo no trata de una pensión, ni de un tecnicismo administrativo, ni de un expediente heredado
del pasado. Trata del modo en que el poder decide a quién investigar, a quién exhibir y a quién absolver
por omisión.
El caso de María Amparo Casar funciona aquí como síntoma, no como excepción: una pieza menor utilizada
para encubrir una práctica mayor —la aplicación selectiva de la ley como herramienta de castigo político—
mientras los escándalos estructurales del régimen, infinitamente más costosos para el país, se disuelven
en la retórica moral del “ya no somos iguales”.
No hay mejor radiografía de un régimen que la proporción con la que aplica la ley. No la retórica, no los
discursos morales, no las mañaneras. La proporción. Y en la Cuarta Transformación esa proporción es
obscena: microscópica con los propios, aplastante con los críticos.
El caso de María Amparo Casar no es, en esencia, un debate jurídico sobre una pensión. Es algo más
revelador y grave: el uso del aparato del Estado para fabricar culpables políticamente útiles, mientras los
verdaderos escándalos de corrupción del régimen —acompañados de boquetes financieros
monumentales— se archivan bajo el tapete retórico del “ya no somos iguales”.
Una viuda. Un litigio administrativo de hace dos décadas. Montos acotados, discutibles, perfectamente
judicializables sin escándalo.
¿La respuesta del poder? Exposición presidencial, linchamiento mediático, filtración de datos personales,
violación del debido proceso y de la presunción de inocencia. Fiscalía movilizada. Pemex convertido en
ariete político. Todo el peso del Estado descargado sobre una persona cuyo verdadero “delito” no fue
económico, sino haber documentado la corrupción del régimen.
Ahora comparemos —porque ahí está la obscenidad moral.
Segalmex: el mayor desfalco de la historia reciente del Estado mexicano. Miles de millones
evaporados. Redes completas de corrupción. ¿Responsables? Ninguno relevante. ¿Conferencias
inquisitorias? Ninguna. ¿Datos personales exhibidos? Ninguno. El expediente no se ventiló; se
enterró.
Huachicol fiscal: un drenaje permanente de recursos públicos. Puertos, aduanas, redes criminales,
complicidades institucionales. ¿Castigos ejemplares? Silencio administrativo. Normalización
política.
2.
Tren Maya, Dos Bocas: sobrecostos monumentales, opacidad militarizada, impactos ambientales
irreversibles. ¿Auditorías con consecuencias? No. ¿Procesos penales? No. ¿Interés público?
Misteriosamente, tampoco.
Aquí la aritmética del poder queda al desnudo: cuando el daño es sistémico pero propio, se minimiza o se
entierra; cuando es menor pero ajeno, se magnifica hasta convertirlo en escarmiento.
López Obrador lo dijo sin rubor: exhibir el caso Casar era “de interés público”. La frase es reveladora no
por lo que dice, sino por lo que excluye. El interés público no es el monto, ni el daño, ni la proporcionalidad;
es la utilidad política del escándalo. El expediente sirve porque castiga a una enemiga y porque distrae de
los crímenes del régimen.
Y Sheinbaum calla. No por ignorancia, sino por aprendizaje. El silencio es continuidad. El método ya está
probado: la justicia no se imparte, se administra políticamente.
Este no es un régimen anticorrupción. Es un régimen resentido y vengativo: un poder que no castiga al
corrupto, sino al crítico; que no corrige estructuras, sino que escarmienta personas; que no busca justicia,
sino obediencia.
En última instancia, todo regresa al punto de partida. No a la pensión, sino a la balanza torcida. La ley no
se aplica según el daño, ni según la gravedad, ni según el interés público, sino según la lealtad.
Por eso la frase del epígrafe no es una exageración retórica, sino la regla operativa del sistema: a los
amigos, silencio cómplice o absoluciones morales; a los enemigos, expedientes inflados; a la corrupción
real, amnesia institucional. La desproporción no es un error: es el diseño y la hipocresía del régimen y de
quienes lo encabezan.
La venganza es, además, selectiva y particularmente encarnizada cuando se ejerce contra una mujer como
María Amparo Casar, que se ha atrevido a denunciar la corrupción de la 4T.
En estos casos, las agresiones llegan todas juntas —mediáticas e institucionales, perfectamente
alineadas— muy lejos del “llegamos juntas” con el que el régimen intenta cubrir de retórica feminista un
ejercicio del poder que sigue siendo profundamente punitivo y misógino en la práctica.
About The Author
