Las tensiones entre Morena y sus partidos aliados no son un ruido pasajero ni una exageración de la conversación pública. Son la señal inequívoca de que el proyecto político que llevó al partido al poder ha entrado en una fase distinta: la del ajuste interno que ocurre cuando un movimiento deja de necesitar a quienes lo acompañaron en su ascenso.
Durante años, la coalición oficialista funcionó como una maquinaria de incentivos. Morena aportaba la fuerza electoral y el liderazgo político; sus aliados contribuían con votos, estructuras territoriales y capacidad de negociación legislativa. Todos ganaban algo y, por lo mismo, la cohesión parecía natural. Pero en política las alianzas no se sostienen por afinidades permanentes, sino por equilibrios de poder. Cuando ese equilibrio cambia, la alianza también cambia.
Hoy ese punto de inflexión es evidente. La discusión sobre la reforma electoral —y en particular sobre financiamiento y representación proporcional— ha puesto en la mesa un hecho incómodo: lo que para el partido dominante es una racionalización del sistema, para los partidos pequeños es una amenaza existencial. Reducir recursos y espacios institucionales no solo modifica reglas; redefine quién tiene capacidad real de influir en la toma de decisiones.
En el fondo, lo que se observa es el dilema clásico de todo partido predominante. Mantener la coalición implica seguir repartiendo poder; avanzar hacia un esquema más centralizado implica reducir intermediarios y asumir el costo político de hacerlo. No es un problema ideológico, sino una consecuencia lógica de la concentración de poder: cuanto más fuerte es el partido dominante, menos necesita compartir.
Sin embargo, la absorción o debilitamiento de los aliados no ocurriría sin resistencias. Muchos liderazgos dentro de esas fuerzas no aceptarían diluirse en la estructura del partido mayoritario porque hacerlo implicaría perder su principal activo político: la capacidad de negociar. Los partidos satélite no solo son acompañantes electorales; son plataformas desde las cuales se intercambian apoyos por influencia. Si ese margen desaparece, la integración deja de ser atractiva y la búsqueda de nuevos espacios se vuelve inevitable.
Ahí aparece un efecto que suele subestimarse. Cuando un bloque dominante reduce los incentivos de su coalición, libera cuadros políticos, operadores territoriales y experiencia legislativa que dejan de tener valor dentro del oficialismo pero lo adquieren fuera de él. La oposición no necesita construir ese capital desde cero; puede incorporarlo. La captación selectiva de dirigentes desplazados, sumada a una narrativa de contrapeso frente a la concentración de poder, puede producir un reequilibrio del sistema no por crecimiento orgánico, sino por redistribución de recursos políticos.
En otras palabras, una crisis interna puede convertirse en una oportunidad externa. No necesariamente en forma de ruptura inmediata, sino como un proceso de desplazamientos graduales que reconfiguran la competencia política. La cohesión que antes dependía de beneficios compartidos comienza a erosionarse cuando esos beneficios se reducen o se vuelven inciertos.
Por eso, interpretar las tensiones actuales como un desacuerdo menor equivale a ignorar la lógica profunda que opera detrás. Lo que está en juego no es solo la relación entre Morena y sus aliados, sino la transición hacia un esquema de poder más concentrado y la reacción que ese movimiento inevitablemente provoca en el resto del sistema político.
Toda coalición basada en incentivos tiene una fecha de caducidad implícita: el momento en que esos incentivos dejan de coincidir. Cuando eso ocurre, la ruptura no es un accidente, sino una consecuencia. Y en el México de hoy, ese proceso parece haber comenzado.
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