El caso del ginecólogo Jesús Estuardo Luján Irastorza ha cobrado relevancia nacional tras las denuncias de decenas de mujeres que lo acusan de negligencia médica y violencia ginecobstétrica durante más de dos décadas, pese a que ofrecía un modelo de “parto humanizado”.
De acuerdo con un reportaje de Sanjuana Martínez publicado en La Jornada, “durante más de 20 años el ginecólogo Jesús Estuardo Luján Irastorza vendió su ‘parto humanizado’, prometiendo un trato digno a sus pacientes”, sin embargo, con el tiempo surgieron múltiples denuncias por malas prácticas que derivaron en muertes de bebés, daño neurológico y secuelas físicas.
Las afectadas comenzaron a identificarse entre sí tras vivir experiencias similares, como partos inducidos sin consentimiento, cesáreas de emergencia y falta de atención oportuna. De este proceso surgió el colectivo Con Ovarios, que actualmente agrupa a unas 70 víctimas que han interpuesto denuncias penales.
Según el mismo trabajo periodístico, en 2023 autoridades suspendieron la clínica Pronatal, principal centro de operaciones del médico. Posteriormente, Luján habría evadido la justicia mediante recursos legales y salió del país en 2024; tras ser deportado de Estados Unidos, fue detenido el 12 de diciembre de 2025 y permanece en prisión preventiva.
Uno de los testimonios más duros es el de Lola Sosa Valdez, quien perdió a su hijo tras un parto que describe como negligente. Citada por La Jornada, relata que durante el proceso “comenzaron a empujar mi panza hacia abajo”, en referencia a la maniobra de Kristeller, práctica cuestionada por sus riesgos y considerada violencia obstétrica cuando se realiza sin consentimiento.
Otra víctima, Olga Laris Zucchetti, narró que su parto derivó en una cesárea de emergencia tras un manejo inadecuado. “Sentí que viví un atropello muy grande”, declaró en el reportaje, donde también denunció cobros excesivos y procedimientos sin explicación.
Pese a las acusaciones, Luján ha negado los señalamientos y mantiene su defensa en redes sociales, donde comparte testimonios de pacientes satisfechos.
El caso es llevado por el despacho Nassar, que representa a las víctimas de manera pro bono. La abogada Yulieba Gómez Islas explicó, también citada por La Jornada, que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón de conducta, y que las posibles sanciones podrían alcanzar hasta 12 años de prisión.
Además del proceso judicial, las víctimas buscan que se legisle la violencia ginecobstétrica en México, al considerar que los daños —como la pérdida de un hijo— son irreparables.
Fuente original:
Sanjuana Martínez, La Jornada. (5 de abril 2026 https://www.jornada.com.mx/2026/04/05/politica/008n1pol)
About The Author
