En una escena que retrata crudamente la desesperación y el deterioro institucional en Baja California, apareció una manta frente al Hospital General de Mexicali dirigida a Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, presunto líder criminal ligado al Cártel de Sinaloa, solicitando su apoyo para abastecer de medicamentos e insumos médicos a la institución de salud pública. La manta fue colocada la tarde del lunes 23 de septiembre y contenía un mensaje inédito: no era una amenaza ni un reclamo entre bandas delictivas, sino una súplica abierta para que un capo asumiera funciones que legalmente corresponden al Estado.
El texto completo pedía al “Señor Ruso” surtir el hospital de insumos y medicamentos, y lo desvinculaba del desvío de recursos atribuido a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. La manta fue colocada por personas que incluso amedrentaron al guardia de seguridad del hospital, impidiéndole intervenir. No se notificó al número de emergencias 911 ni se hizo un reporte inmediato a las autoridades; fueron publicaciones en redes sociales las que alertaron a la policía, y cuando los agentes arribaron, el mensaje ya había sido retirado por el propio personal administrativo.
Este hecho no puede entenderse de forma aislada. Desde enero de este año, empleados del Hospital General ya habían denunciado públicamente la falta grave de insumos, incluyendo medicamentos básicos, gasas, guantes, jeringas e incluso material para intervenciones quirúrgicas. Mantas similares, aunque sin connotaciones criminales, fueron colocadas por trabajadores que advertían a la población: “No se enferme, no hay cómo atenderlo”. A pesar de que la Secretaría de Salud de Baja California reconoció el problema y aseguró en marzo que se había regularizado el abasto en un 85 % para medicamentos generales y 95 % para oncológicos, la nueva manta contradice claramente esa versión.
Lo que hace aún más preocupante este episodio es el personaje al que va dirigido. Juan José Ponce Félix es identificado por autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa en el noroeste del país. El Departamento de Estado de EE.UU. ofrece cinco millones de dólares por información que lleve a su captura, y lo acusa de coordinar operaciones de tráfico de fentanilo, metanfetaminas, armas y lavado de dinero. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado aseguró recientemente que no tiene una investigación activa contra él ni información oficial que lo ubique actualmente en Baja California.
Más allá de la espectacularidad del mensaje, el episodio exhibe el punto de quiebre al que han llegado los servicios públicos en algunas zonas del país. La apelación directa a un criminal como solución a una crisis de salud no sólo representa una anomalía institucional, sino que simboliza el desplazamiento simbólico del poder: cuando el Estado falla, la población, incluso sus trabajadores públicos, empieza a buscar respuestas en los lugares más peligrosos. En este caso, no por miedo, sino por necesidad.
