Max Weber, influyente representante del periodo clásico de la sociología alemana, no debió imaginar que, al dictar una conferencia para estudiantes en la Universidad de Múnich, en la políticamente agitada Alemania de 1919, estaba creando la definición más socorrida acerca de la soberanía del Estado moderno y la legitimidad que éste tiene para usar la violencia.
Weber planteó que la cualidad esencial del Estado moderno no radica únicamente en sus acciones, sino en el medio específico que emplea para hacer valer esas acciones: la violencia física legítima. En su ensayo “La política como vocación”, Weber enfatizó que un Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama para sí —con éxito— el monopolio de la violencia física legítima. Este concepto se consolidó como una referencia esencial en la teoría política contemporánea.
La teoría desarrollada por Max Weber ha sido crucial en la construcción de la noción moderna de soberanía del Estado. Diversos movimientos y corrientes políticas han adoptado sus postulados, estableciendo que el monopolio de la coacción física es una característica esencial y legítima que pertenece de forma exclusiva al Estado nación. Esta concentración del poder para ejercer violencia física no es arbitraria, sino que se sustenta en la legitimidad que le confieren los ciudadanos, el tan aclamado “pueblo”, que se convierte en el origen y la fuerza que justifica la soberanía del Estado y su facultad exclusiva para garantizar el Estado de derecho.
No puede por lo tanto existir otro Estado de derecho paralelo, sin embargo, en México esta premisa enfrenta un desafío existencial. Los dos pisos de la llamada cuarta transformación durante sus siete años de gobierno, han entendido la soberanía del Estado mexicano como un pilar que solamente se ve afectado cuando es criticado por opiniones y posturas que vierten personajes de otros países, es decir, como un soponcio nacionalista.
La erosión progresiva de la autoridad estatal en México se manifiesta de manera alarmante en el avance de las organizaciones criminales, que han evolucionado hasta convertirse en verdaderos megas corporativos financieros. Los cárteles, lejos de ser simples infractores de la ley, vendedores de drogas o raterillos de carteras, han logrado transformar su papel, constituyéndose en actores capaces de arrebatar al estado el ejercicio de la violencia. Sin embargo, la percepción de la 4T suele reducirlos a delincuentes, poderosos, pero al fin delincuentes, sin reconocer la magnitud del daño: no solo cometen delitos, sino que arrebatan para ellos fragmentos importantes de la soberanía nacional.
Estos grupos han logrado establecer auténticos “Estados paralelos” en amplias regiones del país. Allí, no solo imponen sus propias reglas de convivencia y sistemas de justicia, sino que recurren al terror para asegurar el control territorial y social. imponen sus propias reglas de convivencia y justicia —a menudo mediante el terror—, sino que también controlan economías locales mediante la extorsión, el cobro de «impuestos» y la regulación de actividades ilícitas. En estos territorios, la ley de la calle, respaldada por el poder de fuego, sustituye al Código Penal federal. De este modo, sustituyen las funciones esenciales del Estado, operando con estructuras propias que regulan la vida cotidiana, la economía, la seguridad y la administración de justicia local.
Este fenómeno trasciende el ámbito de la seguridad pública. Lo que está en juego es una crisis profunda de gobernabilidad, que afecta de raíz la arquitectura institucional, la identidad y la estructura misma del Estado nación mexicano. La presencia y consolidación de estos “Estados paralelos” representa un desafío que socava el monopolio legítimo de la violencia y la capacidad del Estado para proteger la soberanía sobre su territorio y su población.
No queremos guerra, obvio, queremos paz. La tragedia para el ciudadano mexicano es que la soberanía nacional está fracturada, secuestrada, ha sido arrebatada no por un enemigo exterior, sino por una parte de nuestro propio pueblo que, bajo su poder de fuego, defiende firmemente su propia versión de “mi ley es la ley”, que sustituye en los hechos al Código Penal federal. Presumen, incluso proclaman ataviados en indumentaria paramilitar su propio Estado de derecho, controlando economías locales, orden público, gobiernos, negocios grandes y pequeños, salarios, cosechas, elecciones, modas, vidas. Un modelo de negocio, exitoso, por cierto, se estima impacta la economía en más de 1.1 billones de pesos anuales, aproximadamente el 3.4% del PIB nacional. El peligro es que de extenderse nos llevaría a vivir en bajo una dictadura o en la esclavitud.
Este control territorial y económico es la manifestación más clara de cómo el país ha perdido soberanía interior. La ausencia de acción de los gobiernos le arrojó en la cara al ciudadano la desgraciada tarea de responder a dos amos. Donde el Estado se retiró —sea por debilidad institucional, corrupción, colusión, irresponsabilidad, creencias ideológicas, “para atacar las causas del problema “o simple ineficiencia—, el vacío fue ocupado inevitablemente por actores más decididos y violentos.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador -diciembre de 2018 a septiembre de 2024-, se registraron 202 mil,336 homicidios dolosos, sin contar miles de desaparecidos, convirtiéndolo en el periodo más violento en la historia moderna de México. El doble de muertes que han causado las diferentes guerras entre Israel y diferentes países árabes, incluyendo el conflicto actual.
La gravedad de la crisis de violencia y legitimidad del Estado en México se intensifica no solo por las cifras alarmantes de homicidios y desapariciones, sino también porque en este contexto, el precio de la disidencia no solo es el aislamiento, sino la estigmatización y el descrédito social porque no coincidir con la tendencia estadística que cita la 4T para edulcorar la tragedia, supone pasar directamente a ser evaporado en las llamas ardientes dispuestas por “el pueblo bueno” para expulsar de sus filas a los adversarios de la 4T. Como alternativa, se puede optar por convertirse en un financiado zombi, que, sin capacidad para pensar, indignarse, o asumir una postura crítica ante lo que hay alrededor, solo sigue órdenes de la derecha, ya chole, la verdad.
Necesitamos diálogo y acuerdos de todos los sectores para lidiar y salir de esta odisea nacional. No puede ser que quienes cuestionan, así sea milimétricamente, las políticas cuatro teístas, sean siempre descalificados. No puede ser que todo lo que hace la 4T sea perfecto. La democracia existe donde hay diferencias, debate, aceptación de ideas y propuestas diferentes. Donde la posibilidad de dialogar no existe la democracia se extingue.
El resultado es que, hoy en día, el Estado mexicano no es la única fuente de «derecho”, es el único detentador de la violencia legítima, percibida como válida y justa por los gobernados, pero tiene competencia y fuerte, los carteles le han arrebatado una parte con la cooperación de un enemigo soterrado y terrible que siempre actúa en desde la hipocresía. La corrupción sistémica, que actúa como el caballo de Troya que debilita la soberanía desde dentro. La capacidad de los cárteles para operar no reside únicamente en su fuerza militarizada, sino en su habilidad para infiltrar y cooptar las estructuras de gobierno.
¿Estamos ante un Estado fallido? No necesariamente. Pero sí ante un Estado fragmentado, donde la soberanía se ejerce de forma selectiva, temporal y negociada. La presencia militar en zonas conflictivas es reactiva, apaga fuegos. Y el discurso oficial, aunque firme, no logra ocultar la realidad de un país donde el poder se disputa calle por calle.
En este contexto debe entenderse el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan Michoacán, que duele e indigna, como un síntoma más de la erosión estructural de la legitimidad gubernamental ante el poder de los cárteles, proto-estados que enviaron un mensaje: quien no coopera con nosotros y pretende enfrentarnos tiene un solo destino, ya vimos cual es.
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