¿Papel o dinero real? El fondo de pensiones no admite simulaciones: Ranulfo Martinez -

Hay asuntos que no pueden manejarse con propaganda, discursos ni estrategias financieras de corto plazo. El fondo de pensiones de los trabajadores del Estado de Nuevo León es uno de ellos.

El documento que circula plantea una denuncia particularmente delicada: que una parte de los recursos que deberían respaldar las pensiones estaría representada mediante “certificados de aportación” sin el correspondiente fondeo, y propone modificar la Ley del ISSSTELEÓN para adelantar de 2028 a 2026 el plazo para que esas obligaciones sean cubiertas.

La legislación vigente, en efecto, establece actualmente el 31 de diciembre de 2028 como fecha límite para determinados mecanismos de transición y señala que posteriormente deberán fondearse paulatinamente las cuentas personales nocionales hasta que operen únicamente cuentas personales físicas.

Aquí está el punto que no debe perderse de vista: las pensiones no se pagan con promesas; se pagan con dinero.

Si, como sostiene el documento, existen obligaciones que solamente aparecen registradas en papel y no están respaldadas con recursos efectivamente fondeados, el problema trasciende una discusión contable. Estamos hablando del patrimonio futuro de miles de trabajadores que durante décadas han entregado su esfuerzo al servicio público.

Y ahí aparece la pregunta política inevitable para el gobernador Samuel García: ¿por qué esperar hasta 2028 para resolver una obligación que afecta directamente la seguridad económica de los trabajadores jubilados?

La administración estatal asegura que durante 2026 destinará 9 mil 154 millones de pesos al pago de jubilaciones y pensiones y que mantiene al corriente sus obligaciones con los derechohabientes. Precisamente por eso, resulta indispensable que exista absoluta claridad sobre cuánto dinero está realmente fondeado, cuánto corresponde a obligaciones futuras y cuál es el tamaño real del pasivo.

La sensibilidad de un gobernante se demuestra cuando entiende que detrás de cada cifra hay una persona, una familia y muchos años de trabajo.

Y la responsabilidad se demuestra cuando no se trasladan los problemas financieros al gobierno que viene.

Si la propuesta que se anuncia para el Congreso busca precisamente adelantar el plazo y obligar a que las aportaciones estén debidamente fondeadas, merece ser discutida con seriedad, transparencia y números sobre la mesa.

Porque el dinero de las pensiones no es propiedad del gobernador en turno, ni de un partido, ni de una administración.

Es dinero de los trabajadores.

Y jugar con su futuro, aunque sea mediante certificados, registros contables o compromisos presupuestales, sería una forma de irresponsabilidad que Nuevo León no debería permitirse.

En materia de pensiones, el papel puede registrar una promesa. Pero solamente el dinero puede garantizar una jubilación.