El Gobierno federal anunció un nuevo impuesto especial a los videojuegos, incluido en el Paquete Económico 2026, con el argumento de que el sector “genera ingresos millonarios, pero paga poco”. La medida ha causado polémica no solo por el impacto en el bolsillo de los consumidores, sino por el anuncio adicional de que el propio Estado financiará la creación de videojuegos “educativos” para contrarrestar los títulos violentos.
El gravamen será del 8% adicional al IVA, lo que podría encarecer sustantivamente el precio final de los juegos, según la Asociación Mexicana de Videojuegos (AMJV). La industria advierte que esto afectará a millones de jugadores y alentará la piratería.
Más allá del golpe económico, la medida levantó cejas por la intención del gobierno de convertirse en desarrollador de videojuegos, financiando proyectos que “promuevan valores culturales y educativos”. Según la Secretaría de Cultura, el objetivo es ofrecer alternativas a los contenidos “nocivos” de títulos con violencia explícita.
“Queremos que las niñas, niños y adolescentes tengan opciones distintas a los videojuegos que fomentan la violencia”, señaló la dependencia.
Críticos advierten que se trata de un intento paternalista y contradictorio: por un lado se castiga fiscalmente a una industria creativa que en México genera más de 40 mil millones de pesos anuales; por el otro, se plantea que el Estado sustituya al mercado con productos diseñados desde el gobierno, lo que para muchos recuerda políticas culturales de corte propagandístico.
México es el primer mercado de videojuegos en América Latina y el décimo a nivel mundial, con más de 65 millones de jugadores activos. Para especialistas, imponer un nuevo impuesto en un sector dinámico podría frenar su crecimiento y dañar la competitividad internacional.
El Congreso discutirá en las próximas semanas la propuesta, que de aprobarse entraría en vigor el 1 de enero de 2026.
