Monterrey, 28 de enero de 2026.— El diputado local Jesús Elizondo Salazar presentó ante el Pleno del Congreso de Nuevo León un exhorto dirigido a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a las autoridades responsables del sistema penitenciario estatal, para que, en coordinación con el Gobierno Federal, implementen acciones específicas y verificables para combatir la extorsión que se origina desde los centros penitenciarios. La propuesta fue aprobada por unanimidad.
Durante su intervención, el legislador subrayó que Nuevo León alcanzó en 2025 un récord histórico en delitos de extorsión, con 879 carpetas de investigación abiertas del 1 de enero al 30 de noviembre, de acuerdo con datos oficiales de la propia Fiscalía estatal. Esta cifra supera el máximo previo registrado en 2024, cuando se contabilizaron 866 casos.
Elizondo Salazar señaló que la entidad acumula cinco años consecutivos con un aumento sostenido en este delito desde 2020 y que, entre 2008 y 2025, se han registrado más de 8 mil 200 casos de extorsión. Este comportamiento, añadió, ha colocado a Nuevo León de manera recurrente entre las primeras posiciones a nivel nacional en incidencia de este ilícito.
El diputado advirtió que la extorsión no solo afecta la integridad y tranquilidad de las personas y sus familias, sino que también impacta de forma directa la actividad productiva y la inversión, en particular a las micro, pequeñas y medianas empresas, consideradas el principal motor de la economía local.
“La extorsión lastima directamente la economía familiar y la actividad productiva. Combatirla exige inteligencia, coordinación entre órdenes de gobierno y acciones verificables que protejan a las víctimas y corten de raíz las redes criminales que operan desde los centros penitenciarios”, afirmó.
El exhorto aprobado plantea la necesidad de una respuesta integral del Estado, alineada con la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla reformas legales y acciones específicas para enfrentar este delito, entre ellas la propuesta de una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con penas más severas y mecanismos de persecución de oficio.
Con esta iniciativa, el Congreso local busca fortalecer una respuesta institucional coordinada que permita reducir de manera efectiva la extorsión en Nuevo León, proteger a la población y a las MIPyMEs, y restablecer condiciones de seguridad, confianza e inversión necesarias para la paz social y el desarrollo económico del estado.
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