Hay una forma particularmente corrosiva de hacer política que rara vez se nombra con claridad: el chantaje político. No se presenta con amenazas explícitas ni con sobres manila; aparece, más bien, como una negociación interminable donde el bienestar social se convierte en rehén de intereses partidistas, personales o ideológicos. Es el momento en que los actores políticos dejan de representar a la sociedad y comienzan a utilizarla como moneda de cambio.
Este chantaje no es un accidente; es el síntoma de un círculo vicioso bien conocido por la teoría política y económica. Cuando los incentivos de quienes gobiernan están desconectados de los resultados sociales, la política pública deja de ser un instrumento de bienestar colectivo y se transforma en una herramienta de poder.
Mancur Olson lo describió con crudeza: los grupos organizados con intereses concentrados siempre tienen más incentivos para capturar decisiones públicas que la sociedad dispersa que debería beneficiarse de ellas. El resultado es una política que sirve a pocos, pero se justifica en nombre de todos.
México ofrece ejemplos abundantes de este fenómeno. Durante años, decisiones clave de política pública se han tomado más por ideologías que por evidencia empírica.
La contrarreforma energética, por ejemplo, se defendió desde una narrativa de soberanía y rescate del Estado, aun cuando múltiples análisis técnicos advertían sobre menores inversiones, menor competencia y mayores costos a largo plazo. Como advertía Max Weber, cuando la ética de la convicción sustituye a la ética de la responsabilidad, el político se vuelve moralmente cómodo, pero socialmente irresponsable.
Este patrón se repite en políticas de seguridad, de salud o de infraestructura: programas diseñados para enviar señales políticas, no para resolver problemas. James Buchanan, desde la teoría de la elección pública, fue tajante al señalar que los políticos no son Hay una forma particularmente corrosiva de hacer política que rara vez se nombra con claridad: el chantaje político. No se presenta con amenazas explícitas ni con sobres manila; aparece, más bien, como una negociación interminable donde el bienestar social se convierte en rehén de intereses partidistas, personales o ideológicos. Es el momento en que los actores políticos dejan de representar a la sociedad y comienzan a utilizarla como moneda de cambio.
Este chantaje no es un accidente; es el síntoma de un círculo vicioso bien conocido por la teoría política y económica. Cuando los incentivos de quienes gobiernan están desconectados de los resultados sociales, la política pública deja de ser un instrumento de bienestar colectivo y se transforma en una herramienta de poder.
Mancur Olson lo describió con crudeza: los grupos organizados con intereses concentrados siempre tienen más incentivos para capturar decisiones públicas que la sociedad dispersa que debería beneficiarse de ellas. El resultado es una política que sirve a pocos, pero se justifica en nombre de todos.
México ofrece ejemplos abundantes de este fenómeno. Durante años, decisiones clave de política pública se han tomado más por ideologías que por evidencia empírica.
La contrarreforma energética, por ejemplo, se defendió desde una narrativa de soberanía y rescate del Estado, aun cuando múltiples análisis técnicos advertían sobre menores inversiones, menor competencia y mayores costos a largo plazo. Como advertía Max Weber, cuando la ética de la convicción sustituye a la ética de la responsabilidad, el político se vuelve moralmente cómodo, pero socialmente irresponsable.
Este patrón se repite en políticas de seguridad, de salud o de infraestructura: programas diseñados para enviar señales políticas, no para resolver problemas. James Buchanan, desde la teoría de la elección pública, fue tajante al señalar que los políticos no son Hay una forma particularmente corrosiva de hacer política que rara vez se nombra con claridad: el chantaje político. No se presenta con amenazas explícitas ni con sobres manila; aparece, más bien, como una negociación interminable donde el bienestar social se convierte en rehén de intereses partidistas, personales o ideológicos. Es el momento en que los actores políticos dejan de representar a la sociedad y comienzan a utilizarla como moneda de cambio.
Este chantaje no es un accidente; es el síntoma de un círculo vicioso bien conocido por la teoría política y económica. Cuando los incentivos de quienes gobiernan están desconectados de los resultados sociales, la política pública deja de ser un instrumento de bienestar colectivo y se transforma en una herramienta de poder.
Mancur Olson lo describió con crudeza: los grupos organizados con intereses concentrados siempre tienen más incentivos para capturar decisiones públicas que la sociedad dispersa que debería beneficiarse de ellas. El resultado es una política que sirve a pocos, pero se justifica en nombre de todos.
México ofrece ejemplos abundantes de este fenómeno. Durante años, decisiones clave de política pública se han tomado más por ideologías que por evidencia empírica.
La contrarreforma energética, por ejemplo, se defendió desde una narrativa de soberanía y rescate del Estado, aun cuando múltiples análisis técnicos advertían sobre menores inversiones, menor competencia y mayores costos a largo plazo. Como advertía Max Weber, cuando la ética de la convicción sustituye a la ética de la responsabilidad, el político se vuelve moralmente cómodo, pero socialmente irresponsable.
Este patrón se repite en políticas de seguridad, de salud o de infraestructura: programas diseñados para enviar señales políticas, no para resolver problemas. James Buchanan, desde la teoría de la elección pública, fue tajante al señalar que los políticos no sonángeles; responden a incentivos. Si el sistema premia la lealtad ideológica o la confrontación, eso es exactamente lo que producirá, incluso a costa del bienestar general.
Hoy, la discusión presupuestal en Nuevo León es un espejo nítido de este chantaje político. El choque entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo no gira en torno a un debate serio de prioridades públicas, evaluación de impacto o beneficios sociales. Gira alrededor del control, del desgaste mutuo y de quién impone su voluntad.
El presupuesto estatal se negocia como si fuera botín, no como contrato con la sociedad. Lo más grave no es el desacuerdo, lo cual se espera en una democracia, sino la falta de evidencia: nadie sabe con certeza en qué se gastará, cómo se aplicará ni qué resultados se esperan para la sociedad.
Aquí el chantaje es evidente: si no se aprueba «mi» presupuesto, la sociedad pierde; si no se acepta «mi» agenda, el Estado se paraliza. La ciudadanía queda atrapada entre dos Poderes que, lejos de coordinarse, usan la crisis como estrategia. Como advertía Hannah Arendt, cuando la política se reduce a la lucha por el poder, el espacio público se vacía de sentido y la acción colectiva se degrada.
¿Hay salida a este círculo vicioso? La literatura sugiere que sí, pero no es cómoda. Douglass North insistía en que el desarrollo depende de instituciones que alineen incentivos con resultados sociales. Esto implica reglas claras, contrapesos efectivos, transparencia presupuestaria y evaluación rigurosa de todas las políticas públicas. Implica también, como señala Amartya Sen, entender el desarrollo no como ideología, sino como expansión de capacidades reales para las personas.
Romper el chantaje político requiere cambiar el terreno del juego: pasar del discurso a la evidencia, de la confrontación al diseño institucional, del interés privado al valor público. Mientras el presupuesto sea un arma y no una herramienta, y mientras la ideología sustituya al análisis técnico, la política seguirá secuestrando a la sociedad en su propio chantaje. Y ese es un costo que ni México ni Nuevo León pueden seguir pagando.
vidalgarza@yahoo.com
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