El frio de la madrugada arreciaba, mientras doña Leticia apresuraba el paso para la visita en el Reclusorio, donde su hijo Juan la espera con ansia. Este estaba incomunicado.

Juan es uno de los 113,800 internos que aún no han recibido sentencia de su juez, por la burocracia y desinterés del estado y se encuentran bajo “prisión preventiva”, esperando una resolución judicial, algunos desde hace más de seis años. Como no representan votos para el cáncer morena, nadie atiende nada.

Juan no estaba por una condena, sino por una omisión institucional prolongada, la fiscalía lo consigno sin una orden clara, la policía lo golpeo y después lo interrogo. El expediente se armó con prisa, fue ingresado bajo PRISION PREVENTIVA. Suena a una frase técnica, pero en la práctica es encierro indefinido. La fiscalía pidió tiempo, el juez de control lo concedió, los días pasaron y se volvieron semanas, así llegaron los meses, los años.

Juan aprendió las reglas internas del reclusorio para poder sobrevivir: pagar, obedecer y callar. Los que mandan cobran cuotas por todo, mientras el cuerpo recibe lo que el acta niega.

Ya son las once de la mañana y el sol ya pega, Doña Leticia va por la segunda fila, sus bolsas ya fueron revisadas, la comida tirada por no poder pagar, un empujón aquí, un insulto allá, la humillación es parte del trámite.

Al mediodía por fin se encuentra con su hijo.

– Jefecita, no vas a creer lo que me dijo el abogado, ¡ya voy salir!, solo hay que pagarle unos $20,000 más y dice que en dos o tres meses me liberan. Juan lo mencionó aun sabiendo que no había dinero.

– Que bueno hijo respondió Doña Leticia, pensando que podría vender para poder conseguir el dinero lo más rápido posible. Fue breve la visita, pero tenía fe en Dios que pronto vería a su hijo fuera del reclusorio. Como pudo pago lo que le pidió el abogado, así paso un mes y otro y otro y de su hijo, nada.

Esa fue la gota que derramo el vaso. Harta empezó a organizarse con sus familiares y conocidos. Todos sabían que Juan, estudiante sobresaliente de 23 años, no había hecho nada y que no merecía estar más tiempo encerrado. Entre todos bloquearon una avenida con lonas y reclamos de justicia, lo volvieron a hacer varios días más, ya con la prensa libre y la sociedad apoyando. Habían juntado documentos y testimonios, una asociación civil apoyo con los trámites que los abogados de oficio no podían (ni querían) hacer. Sus compañeros estudiantes, que tanto miedo les tiene el gobierno de la peste morena, difundieron masivamente el caso en las redes sociales. La sociedad volteo la vista y el caso se hizo viral.

Entonces ocurrió lo impensable: otro juez releyó el expediente y se constata lo evidente: no hay pruebas contra Juan, nunca las hubo. Tras más de dos largos años en la cárcel, el juez dicta la libertad, no por justicia sino por presión. Juan sale sin disculpa, sin reparación del daño. El Estado no devuelve el tiempo, la dignidad, ni la seguridad. Doña Leticia por fin puede abrazar a su hijo en libertad.

En México, las instituciones fallan por falta de transparencia y corrupción, pero cuando las víctimas se organizan, la impunidad se agrieta. No es un final feliz. Es algo mejor: un precedente que, si todos en la sociedad participamos, si ejercemos nuestro oficio ciudadano, la impunidad terminará.

10.01.26

Por Javier Paz Zarza

Integrante de Plumas Azules

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