Hoy no escribimos desde la cortesía diplomática, sino desde la indignación ciudadana.
El accidente del Tren Interoceánico no es un “incidente”, no es una “falla técnica” y no es un “hecho aislado”. Es el resultado directo de corrupción, negligencia, opacidad y desprecio por la vida humana.
Señora Presidente:
Su gobierno heredó, protegió y administró un modelo donde la propaganda vale más que la seguridad, y donde los discursos sustituyen a la rendición de cuentas. El silencio oficial, la minimización de los hechos y la ausencia de información verificable constituyen una afrenta directa a las víctimas y a la nación.
Las obras públicas no son monumentos políticos.
Son compromisos con la vida, la legalidad y la verdad.
Cuando se privilegia la prisa electoral sobre la ingeniería,
cuando se toleran contratos opacos,
cuando se encubren sobrecostos,
cuando se elimina la supervisión independiente,
el resultado no es progreso: es tragedia.
Exigimos, sin ambigüedades:
Una investigación independiente, técnica y pública, con acceso total a contratos, bitácoras, dictámenes estructurales, cadenas de mando y decisiones presupuestales.
Auditorías reales, no simuladas, con resultados publicados para toda la ciudadanía.
Responsabilidades administrativas y penales, sin proteger funcionarios, militares, contratistas ni aliados políticos.
Reparación integral del daño a las víctimas y garantías verificables de no repetición.
Transparencia absoluta sobre los riesgos estructurales del proyecto.
La opacidad no es un error.
Es una decisión política.
La corrupción no es un accidente.
Es una práctica de gobierno.
Si su administración elige encubrir en lugar de esclarecer, entonces también elige cargar con la responsabilidad histórica de cada vida perdida.
Advertimos con claridad:
Si no hay verdad, habrá presión.
Si no hay justicia, habrá organización.
Si no hay respuestas, habrá movilización.
La ciudadanía no está obligada a aceptar comunicados huecos, investigaciones simuladas ni discursos tranquilizadores mientras los responsables siguen impunes.
Las acciones cívicas, legales y públicas que se impulsarán incluyen:
Exposición sistemática de responsables políticos.
Denuncias nacionales e internacionales.
Movilización social organizada.
Documentación pública de la corrupción.
Presión institucional permanente.
No es amenaza.
Es consecuencia.
Porque la democracia no se sostiene con silencio.
Se sostiene con verdad.
Por respeto a las víctimas, por dignidad nacional y por justicia,
no vamos a callar.
La historia juzga.
Y el país también.
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