“La incompetencia no se corrige con buena intención;
se agrava cuando se convierte en poder.”
— José Ortega y Gasset
No hay cosa más indignante que un gobierno de incompetentes. No por el error —inevitable en toda
acción humana— sino porque la incompetencia en el poder no se limita a fallar: destruye.
Destruye capacidades acumuladas, desperdicia recursos, erosiona instituciones y normaliza el deterioro.
A diferencia de la corrupción, que roba un presente, la incompetencia, además, arruina el futuro.
En México, esta incompetencia no ha sido accidental ni marginal. Ha sido reivindicada. Desde el inicio del
gobierno de López Obrador, el poder dejó claro que el conocimiento técnico, la experiencia administrativa
y la especialización profesional no eran virtudes necesarias para gobernar. Al contrario: fueron
presentadas como sospechosas, prescindibles, incluso contrarias a una supuesta pureza moral.
López Obrador lo dijo sin ambigüedades. Reiteró que no es tan difícil gobernar, que no se necesita ser
experto, que basta con honestidad y voluntad.
En el sector energético —uno de los más complejos del Estado moderno— afirmó que no es tan difícil
sacar petróleo, reduciendo una industria de alta ingeniería, exploración profunda, gestión de riesgos y
mercados globales a una tarea casi elemental.
No fue una metáfora desafortunada; fue una declaración de principios. El mensaje fue claro: saber no
importa; obedecer sí.
A partir de ahí, la lógica del Estado se invirtió. La lealtad sustituyó a la capacidad. La ideología desplazó a
la técnica. La administración pública dejó de funcionar como sistema y pasó a operar como cadena de
fidelidades.
Reguladores fueron neutralizados, cuadros técnicos desplazados, decisiones complejas simplificadas hasta
la caricatura. La frase “yo tengo otros datos” no fue un desliz retórico: fue la renuncia explícita a la
evidencia como criterio de gobierno.
Los resultados no sorprendieron a nadie que entendiera mínimamente cómo funciona un Estado moderno.
Proyectos mal diseñados, costos desbordados, políticas públicas sin evaluación, empresas públicas
financieramente inviables, improvisación permanente justificada con moralismo.
La realidad fue negada una y otra vez, no porque no existiera, sino porque incomodaba al relato.
Claudia Sheinbaum no rompió con este modelo; lo continuó bajo una estética distinta. Su discurso se
presenta como técnico, científico, racional. Pero en la práctica, el saber sigue subordinado a la línea
política.
Cuando los datos contradicen la narrativa, se manipulan o se borran. Cuando los especialistas incomodan,
se les margina o se les persigue con todo el poder del Estado. La ciencia dejó de ser un criterio de decisión
para convertirse en simple escenografía.
Así, gobernar “no es difícil” porque en realidad no se gobierna. Se repite. Se impone. Se niega. El Estado
deja de ser una estructura de conocimiento aplicado y se convierte en un aparato de afirmación ideológica.
La complejidad se desprecia porque exige humildad intelectual; la realidad se simplifica porque admitirla
implicaría corregir.
Y aquí aparece la paradoja central del régimen: su mayor debilidad no es solo la incapacidad, sino la
petulancia. Gobierna convencido de una superioridad moral e intelectual que sus propios resultados
desmienten de manera sistemática. La ignorancia, cuando se combina con poder, no produce solo errores,
sino ceguera: incapacidad para reconocer límites, corregir fallas y anticipar consecuencias.
Por eso, discutir con este modelo es inútil. Rebatirlo en el terreno del argumento supone que existe interés
por la verdad o por la coherencia. No lo hay. El debate técnico no corrige a quien desprecia el
conocimiento; solo le ofrece una tribuna para prolongar la simulación. Insistir en convencer a quien
gobierna desde la ignorancia orgullosa es confundir política con pedagogía.
La única forma eficaz de contrarrestar su propaganda —y en particular el ritual cotidiano de las
mañaneras— no es el debate, sino ignorarla y emprender la documentación sistemática del fracaso.
Registrar con disciplina cada error, cada contradicción y cada daño provocado; ordenar esos datos;
volverlos comprensibles; y exponerlos de forma constante y ruidosa. No como escándalo episódico, sino
como acumulación metódica de evidencia de que la Cuarta Transformación es incapaz de gobernar un país
de 130 millones de personas, mucho menos con discursos y mentiras.
La propaganda no se neutraliza con indignación dispersa, sino con repetición estructurada. Los errores
deben exhibirse todos los días; los daños, vincularse siempre a decisiones concretas. Los ejemplos deben
ser claros, verificables y reiterados hasta que el mensaje se vuelva inevitable: gobierno incapaz, gobierno
incompetente. Las redes sociales no son solo un espacio para la catarsis, sino un amplificador que, bien
utilizado, puede magnificar el contraste entre relato y realidad y terminar por desacreditar el discurso
oficial.
La estrategia no pasa por confrontar ni por persuadir, sino por dejar que su propia incompetencia opere,
sin ocultarla ni atenuarla. La arrogancia lo vuelve predecible; la ignorancia, vulnerable. Cada decisión
improvisada, cada política mal diseñada, cada negación de la evidencia amplía la distancia entre lo que se
promete y lo que se entrega.
Los gobiernos que se creen infalibles no caen porque se les derrote en el discurso, sino porque se vuelven
insostenibles. No es necesario rescatarlos de sus errores ni justificar sus fracasos. Basta con permitir que
la realidad haga su trabajo y asegurarse de que quede registrada.
No se trata de ganar discusiones, sino de hacer visible el fracaso. Cuando el contraste entre propaganda y
resultados se vuelve imposible de ocultar, la petulancia deja de ser un rasgo de carácter y se convierte en
una debilidad terminal. Ahí termina el relato. Ahí empieza la salida y la oportunidad de detener el desastre.
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