Dicen que el juicio de amparo nació para proteger al ciudadano frente al poder. ¡Qué ingenuidad! En pleno siglo XXI, ¿quién necesita protección cuando el verdadero vulnerable es el Estado? Sí, ese ente noble, desinteresado, que solo quiere construir trenes, repartir abrazos a los narcoterroristas y emitir decretos sin que un juez molesto le diga “espere tantito”.
Pero México, siempre innovador, ha decidido corregir ese desequilibrio histórico. La reciente reforma a la Ley de Amparo —aprobada con la eficiencia que solo una mayoría legislativa puede garantizar— devuelve al gobierno lo que nunca debió perder: su derecho a actuar sin interrupciones, sin jueces impertinentes, y sin ciudadanos que se crean con derechos.
¿Qué cambió?
La reforma limita la posibilidad de que los jueces concedan suspensiones cuando estas afecten el “interés público” o “el orden público”. ¿Y quién define esos conceptos? Pues el propio gobierno, naturalmente. Porque si algo ha demostrado la historia constitucional mexicana es que el Ejecutivo siempre sabe lo que conviene al país… incluso cuando no lo explica.
Además, se establece que las suspensiones no podrán otorgarse si afectan la continuidad de obras públicas, programas sociales o decisiones estratégicas. Es decir, si el Estado decide expropiar, construir, demoler o redistribuir, el ciudadano deberá esperar a que el juicio termine —lo cual puede tardar años— antes de saber si aquello era legal. Mientras tanto, que no estorbe.
¿Y los derechos humanos?
Tranquilos. La reforma no los elimina, solo los pone en pausa. Porque como bien saben los constitucionalistas modernos, los derechos deben ser compatibles con la gobernabilidad. Y si no lo son, pues se ajustan. Después de todo, ¿qué es más importante: el derecho a la propiedad o el derecho del Estado a construir un tren?
¿Y la motivación?
La exposición de motivos es clara: el juicio de amparo ha sido utilizado para frenar el desarrollo nacional. Lo que no dice es que también ha sido utilizado para frenar abusos, proteger comunidades, y evitar que el poder se vuelva impune. Pero esos son detalles técnicos que no caben en una narrativa de transformación.
Gustavo Zagrebelsky nos recuerda que cuando el poder se vuelve inmune al derecho, lo que sigue no es eficiencia, sino arbitrariedad.
Pero no hay de qué preocuparse: en México, la arbitrariedad siempre viene acompañada de una narrativa de “interés público”.
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