Cambios en el gabinete buscan afianzar su posición dentro de un régimen caótico. La Segob, clave. Monreal, Ebrard, Durazo y Ramírez Cuéllar, en línea.
Una de las premisas de la cultura política mexicana es que todo lo bueno o malo que le ocurra al país es responsabilidad del presidente. El caudillismo no se ha acabado ni modificado aun cuando quien ocupa la silla presidencial es, por primera vez en la historia de México, una mujer. Sin embargo, la historia reciente confirma que mucho del éxito o fracaso de una administración depende de la capacidad que tenga quien porta la banda presidencial para emanciparse, o no, de su antecesor y también para establecer su propio estilo, equipo y forma de utilizar el poder.
En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum está entrando hacia el cierre de 2025 a un impasse crucial en el que, de acuerdo con fuentes cercanas, evalúa replantear su administración. Comprende con claridad que el «movimiento» (partido Morena) que la llevó a ser inquilina de Palacio Nacional padece una crisis autodestructiva: todos los grupos pelean a muerte espacios de los que se sienten merecedores… con dinámicas en las que predomina el oportunismo. También tiene claridad de que es hora de reacomodar los alfiles que le heredó AMLO en el tablero político y que han funcionado más como diques que como soporte. La suma de ambos factores ha dado como resultado un distanciamiento operativo que derivó en ingobernabilidad.
De momento, su única pieza estratégica que goza de confianza es Omar García Harfuch, un personaje que, a pesar de su capacidad, levanta muchas cejas dentro y fuera del «movimiento». El superpolicía es heredero de Javier García Paniagua, un personaje recordado por su papel central en la represión estudiantil y protagonista en la deplorable «Guerra Sucia» (entre 1968 y 1982) y quien difícilmente representa los valores que enmarcan la justicia social que supuestamente sostiene la filosofía de la Cuarta Transformación. Además de que, para muchos -tanto militantes, como opositores- Harfuch sirve a dos amos: Washington y Sheinbaum, lo cual resulta inadmisible en el imaginario del nacionalismo mexicano.
A un año de su mandato, la presidenta analiza los escenarios para recomponer y configurar su propio estilo y manera de ejercer el poder. La evaluación sobre los primeros meses arroja un diagnóstico difícil de admitir e imposible de pronunciar en público: la presidenta está sola. No tiene operadores. Las piezas que deberían servir como escuderos, paraguas y amortiguadores de las distintas y graves crisis que ha padecido su administración de manera muy temprana, o están desgastadas por su propia ineptitud e historia corrupta o mantienen una operación de «brazos caídos» en donde aprovechan su lugar en primera fila para ver de cerca los descalabros de quien reside en Palacio Nacional.
Bajo esa premisa, la Secretaría de Gobernación se vuelve una posición clave. Aunque la actual titular Rosa Icela Rodríguez es una mujer trabajadora, su relevo se entiende natural a un año de gobierno y crear un equipo compacto, leal y eficiente que le sirva a la presidenta y no a otros intereses… como a los del ex mandatario AMLO. La crisis de inseguridad que atraviesa el país, el proceso electoral de 2027 en donde se juegan 17 gubernaturas, así como la tensa y compleja relación con Estados Unidos, exigen el desembarque en el Palacio de Cobián (Bucareli) de un personaje de confianza y estatura que ayude a atemperar el acelerado desgaste de gobernar y, sobre todo, opere con mucha mano izquierda la definición de candidatos que les permitan mantener el poder.
Desde 1952 con Ángel Carvajal Bernal al lado de Adolfo Ruiz Cortines, la Secretaría de Gobernación ha sido el centro neurálgico del poder: con Carvajal Bernal se afianzó la estabilidad posrevolucionaria; luego Gustavo Díaz Ordaz como secretario de Adolfo López Mateos perfeccionó la disciplina del aparato; Luis Echeverría Álvarez bajo Díaz Ordaz consolidó su sucesión; Mario Moya Palencia con Luis Echeverría ejecutó el control político intenso de los setentas; Jesús Reyes Heroles con José López Portillo lanzó la Reforma Política de 1977; Manuel Bartlett Díaz con Miguel de la Madrid dirigió la transición institucional en los ochenta; Fernando Gutiérrez Barrios junto a Carlos Salinas de Gortari estabilizó el salto neoliberal; Emilio Chuayffet Chemor con Ernesto Zedillo gestionó la democratización electoral; Santiago Creel Miranda con Vicente Fox cimentó la alternancia.
Juan Camilo Mouriño con Felipe Calderón articuló el andamiaje político-empresarial del sexenio; Miguel Ángel Osorio Chong con Enrique Peña Nieto concentró la coordinación de seguridad y política interior; y finalmente, Adán Augusto López Hernández con Andrés Manuel López Obrador selló los pactos inconfesables para consolidar la aplanadora electoral del nuevo régimen.
Ahora, la primer mujer presidenta tiene frente así a cuatro opciones que parecen viables. Por un lado, aparece un personaje de su absoluta confianza: Alfonso Ramírez Cuéllar quien está achicado en la Cámara de Diputados. Aplastado todas y cada una de las veces que intenta moverse por su correligionario Ricardo Monreal. Por su parte, Monreal, aún con su amplio colmillo y capacidad de operador carece de la confianza de la mandataria. Además de que reúne hacia el interior cada vez más enemigos.
Aunado a ello, está Marcelo Ebrard, quien sufre las consecuencias de su éxito: es inamovible de la Secretaría de Economía en donde su papel es crucial frente a la renegociación del T-MEC. Mientras que la última opción, tal vez la más viable, es Alfonso Durazo, quien conoce a la perfección las entrañas del sistema. Entiende los resortes de la gobernabilidad, conoce el partido mucho más que las otras tres opciones (es presidente del Consejo Nacional de Morena) y tiene ascendencia sobre los liderazgos a lo largo del país.
Además, goza de un halo de respeto entre el ex mandatario y la actual presidenta, lo cual podría abrir espacio a una reafirmación del poder con cambio de rumbo.
La decisión final trasciende un simple ajuste administrativo. Define la arquitectura de poder que Sheinbaum necesita para revertir su soledad en una estructura operativa capaz de procesar conflictos, ordenar incentivos y articular una visión propia. La Secretaría de Gobernación funciona como un amplificador político: convierte decisiones en capacidad estatal y orienta al resto del sistema hacia una narrativa coherente. Un relevo con densidad técnica y ascendencia política permitiría a la presidenta recomponer alianzas, estabilizar el tablero interno.
Este momento demanda una definición. Las presidencias se fortalecen cuando alinean estrategia y una lectura clara del contexto, y la presidenta enfrenta un entorno convulso, presionado por la violencia, por las tensiones internas del «movimiento» y por un ciclo electoral que reorganizará el mapa político del país.
Su desafío consiste en transformar la inercia heredada en una arquitectura funcional que construya mística y rumbo propio. El país avanza hacia una etapa en la que cada decisión definirá la estabilidad futura, y el recambio en Gobernación puede convertirse en el punto de inflexión que consolide los cimientos del poder que la presidenta busca articular para ejercer una conducción plena de su administración e imprimir su propio sello.
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