El crimen del alcalde podría simbolizar la reacción de esos poderes subterráneos que se resisten a ser desplazados.
No se equivocaba Porfirio Muñoz Ledo cuando insistía en que los pactos con el crimen organizado no se heredan, refiriéndose a la dinámica de ingobernabilidad que padecería Claudia Sheinbaum una vez que Andrés Manuel López Obrador dejara la silla presidencial. En ese sentido, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha despertado varias preguntas entre los círculos del poder pero la que más se repite es ¿quién o quiénes son los beneficiaros de la crisis que enfrenta la mandataria? Aunque desde Palacio Nacional se busca minimizar el tema, el caso está listo para convertirse en un punto de no retorno para su sexenio.
Justo cuando la presidenta parecía decidida a desarticular la poderosa red transnacional de huachicol -integrada por empresarios, gobernadores, legisladores, gatilleros y cientos de burócratas que desviaron más de 600 mil millones de pesos- estalla la crisis. Claudia Sheinbuam tiene razón cuando advierte que los buitres la rondan pero falla en su diagnóstico cuando acusa a la derecha. Sus malquerientes están más cerca de lo que informa y ella lo sabe.
La estrategia de depuración interna, con la que busca consolidar su poder al cruzar el primer año de gobierno, comienza a tener consecuencias. A inicios del mes pasado advertí en un texto en este espacio sobre el riesgo de ingobernabilidad que corría el país y su gestión cuando, de manera deliberada, la presidenta empuja el desgaste de los diques que le dejó sembrados en el tablero político Andrés Manuel López Obrador. ¿Tiene calculado quedarse sola?
«Ricardo Monreal, Adán Augusto, Gerardo Fernández Noroña, Mario Delgado, Andy López Beltrán, Octavio Oropeza, Raquel Buenrostro, Rubén Rocha Moya y otros personajes de segundo nivel -todavía- representan los diques y contrapesos colocados por AMLO. Su desgaste, en buena medida consecuencia de su propia ineptitud y petulancia, ha sido también alentado por un grupo de propagandistas disfrazados de periodistas cercanos a Palacio Nacional», escribí en aquella ocasión.
El crimen organizado le dicta la agenda a la presidenta. El asesinato del alcalde de Uruapan exhibe la ineficacia de su administración y con su respuesta, Sheinbaum perdió una vez más la oportunidad de configurarse como estadista y quedó reducida a una militante ideológica.
El riesgo de una mandataria que concibe el poder como patrimonio exclusivo se traduce en ingobernabilidad. La violencia, en este contexto, no es un desafío externo, sino la manifestación de una fractura dentro del propio sistema de poder. A estas alturas, lo que está en disputa no es un municipio ni una región, sino la idea misma de autoridad: quién puede mandar y quién está dispuesto a obedecer.
Sheinbaum gobierna sobre un tablero donde la lealtad vale más que la ley y donde las estructuras formales del Estado han sido colonizadas por intereses paralelos. Los pactos con el crimen organizado no se heredan, diría Porfirio Muñoz Ledo. ¿A quién les son fieles los beneficiarios del asesinato del alcalde? En ese contexto, pareciera que su intento de imponer disciplina enfrenta la resistencia de quienes prosperan en el desorden. El crimen de Manzo simboliza la reacción de esos poderes subterráneos ante la amenaza de ser desplazados.
El desafío que enfrenta la presidenta va más allá de castigar a los culpables: implica restaurar el principio de autoridad que hace posible el gobierno. Si no logra reconstituir la cadena de mando su sexenio podría quedar marcado muy temprano y comprometer su imagen y «liderazgo». Nada se resolverá con un discurso polarizante y reduccionista que atribuya toda responsabilidad a la derecha o al pasado.
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