El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ha expuesto nuevamente la gravedad de la violencia política en Michoacán, uno de los estados más golpeados por el crimen organizado.
1 de noviembre de 2025. Manzo participa en el “Festival de Velas” por el Día de Muertos, un evento multitudinario en el centro de Uruapan. Horas antes había compartido en redes sociales que vivían “una noche muy agradable entre familias”.
2 de noviembre. Durante el mismo festival, el alcalde es asesinado a balazos frente a cientos de asistentes. Uno de los atacantes muere en el lugar y otros dos son detenidos. Manzo, conocido por su postura firme contra las extorsiones y el control criminal en la región aguacatera, ya había denunciado amenazas previas.
3 de noviembre. La población de Uruapan y Morelia se moviliza para exigir justicia. En la capital estatal, manifestantes irrumpen en el Palacio de Gobierno al grito de “¡Manzo no murió, lo mató el Estado!”, señalando negligencia de las autoridades.
4 de noviembre. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, que incluye el despliegue de fuerzas federales, una fiscalía especial para delitos contra funcionarios y nuevas estrategias de inteligencia. El gobierno estadounidense ofrece cooperación en materia de seguridad. Ese mismo día, el Congreso local aprueba que Grecia Quiroz, viuda de Manzo, asuma la presidencia municipal de Uruapan.
Contexto. Michoacán enfrenta una crisis sostenida por la disputa entre grupos criminales como Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que buscan el control de rutas, extorsiones y la industria del aguacate. En los últimos cuatro años, siete alcaldes han sido asesinados, cinco atacados y uno desaparecido, lo que evidencia el riesgo de ejercer cargos públicos en la región.
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