El anuncio del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum de que se pretende reducir el consumo de bebidas azucaradas por motivos de salud es, a primera vista, una postura alineada con políticas de prevención sanitaria. Sin embargo, al analizarla con ojo crítico, surgen múltiples interrogantes y reservas que conviene poner sobre la mesa.

Lo que dice la versión oficial

• El discurso oficial sostiene que el aumento al IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) a bebidas azucaradas no tiene fines recaudatorios, sino de salud pública: es decir, “que se consuma menos”.
• Se menciona que las empresas refresqueras aceptaron comprometerse a reducir hasta un 30 % el contenido de azúcar en sus productos.
• Se habla de campañas informativas, vigilancia regulatoria (por parte de Cofepris u otros órganos) para verificar cumplimiento y sancionar infracciones.
• También se justifica la medida con el contexto de un México con niveles crecientes de obesidad, diabetes, hipertensión y sobrepeso infantil.

Puntos críticos y observaciones

Aunque la iniciativa presenta elementos plausibles, hay numerosos vacíos, ambigüedades y riesgos reales de que quede en letra muerta:

1. Discurso de “no es para recaudar” vs. realidad fiscal
   • Es habitual en políticas públicas disfrazar medidas de ingreso como acciones de bienestar. Aumentar un impuesto siempre genera ingresos, aún cuando el objetivo declarado sea otro.
   • Es legítimo preguntarse: si la medida logra su objetivo y el consumo baja drásticamente, ¿qué papel jugarán esos ingresos en el presupuesto? Podría haber (o ya haber) una dependencia oculta de esos recursos para sostener gasto público.
   • Además, el anuncio de una reducción en la tasa del IEPS tras negociaciones con la industria implica que el poder económico puede ejercer presión para rebajar medidas que supuestamente están puestas por “la salud pública”.
2. Compromisos voluntarios de la industria: eficacia y supervisión
   • Que las refresqueras “acepten” reducir azúcar es una declaración, no una garantía. Los compromisos voluntarios históricamente han sido elusivos.
   • La vigilancia estatal (Cofepris, etc.) debe ser efectiva, transparente y sancionadora; de lo contrario, muchas empresas podrían incumplir sin consecuencias reales.
   • Si se permite publicidad dirigida a menores o empaques engañosos, se debilita todo el enfoque preventivo. En el anuncio se advierte que si continúan esas prácticas, habrá medidas más fuertes, pero no se precisa cuáles serían ni con qué velocidad. Impacto real en hábitos de consumo y desigualdades sociales
   • La medida supone que un aumento de precio va a modificar conductas: sí, esto puede funcionar hasta cierto punto, pero no en todos los sectores. Las personas con menor poder adquisitivo podrían simplemente reducir ciertos consumos o volver a opciones más baratas pero peores (por ejemplo, bebidas caseras con azúcar).
   • No se menciona con claridad cómo se apoyará a comunidades vulnerables o cómo se abordará el acceso a alternativas saludables (agua potable, bebidas naturales) en zonas rurales o de bajos recursos.
   • Tampoco se habla de educación nutricional de fondo, cambios en el sistema alimentario, o subsidios a alimentos saludables: medidas que en muchos países se combinan con impuestos para balancear el enfoque.
3. El riesgo de que lo declarado no se materialice
   • En México ya existen múltiples políticas “prometidas” en materia de salud pública que no se implementaron cabalmente; la lección histórica es que el reto no está en adoptar políticas, sino en hacerlas cumplir.
   • Si los mecanismos de sanción son débiles o los recursos para fiscalización son limitados, el discurso podrá quedar como mera propaganda.
4. Transparencia y rendición de cuentas
   • Es imprescindible que el gobierno publique evaluaciones independientes sobre el impacto del impuesto en reducción del consumo, efectos en la salud, redistribución del gasto sanitario, etc.
   • Debe quedar claro el destino de los recursos recaudados: si la promesa es que se inviertan en salud pública, debe haber seguimiento accesible al público.

Conclusión

El anuncio gubernamental tiene, en principio, una orientación legítima: reducir el consumo de bebidas azucaradas por razones de salud. Pero entre el discurso y la realidad hay un amplio terreno lleno de obstáculos.

Lo que falta es certeza: certeza de que habrá vigilancia efectiva; certeza de que los recursos serán usados con transparencia; certeza de que las empresas cumplirán sus compromisos; certeza de que las desigualdades no serán agravadas.

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