Los propagandistas impulsan una regulación sobre lo que se publica en medios. Mentir, dicen, debe tener consecuencias.
El régimen de la autodenominada Cuarta Transformación ya tiene sometidos a los tres Poderes de la Unión, pero quieren más: buscan que la información y que todo lo que se publique cumpla con las reglas y con los estándares de «veracidad» que ellos establezcan. La pulsión es natural en los regímenes autoritarios y es un objetivo primordial en el manual de los gobiernos populistas. El principio es sencillo: mantener el poder aún siendo incompetente es más fácil para un régimen cuando monopoliza la narrativa a partir del control de los medios de comunicación.
Si bien es cierto que existen medios que operan como poderes fácticos -donde algunos magnates utilizan la información como moneda de cambio para proteger sus verdaderos negocios- es también cierto que existen esfuerzos serios para ejercer el periodismo, entendido este como la actividad que busca dar a conocer lo que los poderosos quieren ocultar. De hecho, si no existieran esas plataformas, el régimen y sus promotores no se tomarían la molestia de intentar crear una verdad universal a su conveniencia.
Resulta evidente el conflicto de interés de los promotores de esta nueva intentona autoritaria que busca desgastar uno de los pilares fundamentales de la democracia: el acceso a la información para la toma de decisiones. Acomodados en programas y medios del Estado financiados con dinero público, los propagandistas disfrazados de periodistas advierten que es necesario ponerle un hasta aquí a las mentiras que compiten con su «verdad».
La ausencia del líder carismático y fundador del movimiento que se ha instalado en el poder, Andrés Manuel López Obrador, lo ha hecho todo más difícil. La heredera, a pesar de haber mejorado a un año de asumir el poder, está muy lejana de las capacidades y el manejo mediático que hizo posible que durante un sexenio se haya gobernado exclusivamente con saliva.
Uno de los síntomas más visibles de que esa exitosa política de comunicación solo fue momentánea son los baños de realidad que ha sufrido la presidenta durante su difícil primer año de gobierno. Resulta lógico, desde la visión gubernamental, buscar castigar la información cuando la podredumbre acumulada durante más de seis años se hace evidente mediante casos de corrupción que golpean la línea de flotación que sustentó el relato de Morena: combate a la corrupción y no robar, no mentir, no traicionar.
La terca realidad se impone a la «verdad» fabricada por el régimen que ha encontrado en la información un espejo con reflejo incómodo dada la distorsión de sus valores. Fuerzas Armadas manchadas por deslealtad, contratos inflados, funcionarios enriquecidos y favores disfrazados de políticas públicas evidencian la distancia entre el discurso de pureza y la práctica del poder. Los hijos del líder moral han sido señalados, una y otra vez, en una trama de corrupción digna del crimen organizado.
La narrativa que prometía una transformación moral se enfrenta a la realidad de un sistema que reproduce los mismos vicios que decía combatir. La propaganda está dejando de alcanzar y por eso el régimen apuesta por regular la información que altera el relato oficial con el que apuestan conservar el poder.
La propuesta de legislar la mentira funciona como un instrumento de supervivencia ante la imposibilidad de sostener un relato con hechos. Gramsci lo anticipó: el dominio se afirma cuando logra convertir el discurso del poder en sentido común colectivo. Sin embargo, esa batalla cultural se está fracturando, en principio porque los pilares en los que la fincó su líder han dejado de tener sustento y, después de todo, resultaron estar huecos.
Al gobierno no le interesa verificar, le interesa domesticar a los medios de comunicación. ¿Sabina Berman será la titular del Tribunal de la Verdad junto a Zepeda Patterson y Lord Molécula? Y es que, sin importar si los argumentos son tan sofisticados o simplones como acostumbran, terminan simbolizando lo mismo junto a una nueva pléyade de «analistas» insertados como cuotas en esos mismos medios que intentan regular.
