A partir del 1 de septiembre arranca en México una nueva etapa, al menos una menos democrática.
El periodo de crisis constitucional que México atravesó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con abiertos desacatos, será un día de campo frente a lo que se aproxima a partir del 1 de septiembre una vez que comience a ejecutarse y operarse la Reforma Judicial. El nuevo régimen termina por instalarse y también por destruir la escalera por la cual accedió al poder. El reinado de los históricamente agraviados se declara listo para cometer los crímenes de los que fueron víctimas.
Un aparato completo (burocrático y propagandístico) montado en la falacia de que democracia es sinónimo de una mayoría autoritaria. A partir de ahora, el aparato judicial deja de ser árbitro y se convierte en un engranaje más del régimen. El «movimiento» de izquierda -que a finales del siglo pasado e inicios de este- se posicionó como una promesa de renovación de la sociedad mexicana fue traicionado.
El nuevo régimen deja atrás los choques institucionales y «evoluciona» a la subordinación total del Poder Judicial. Lo legal deja de ser legítimo. ¿Hasta dónde es posible jugar con reglas amañadas? La obediencia como nueva norma articula todo.
Lo que México enfrenta es una alteración estructural de su diseño constitucional. El principio de división de poderes, núcleo de cualquier república democrática, se sustituye por un modelo mayoritario en el que la voluntad de la mayoría legislativa basta para imponer cambios sin contrapeso alguno.
Dicho viraje no es sólo normativo, es cultural. Un régimen que concentra todos los resortes del poder transforma la noción misma de libertad. La libertad política pierde su condición de derecho protegido y se redefine como concesión del bloque gobernante.
La libertad económica queda expuesta a un marco regulatorio dictado, ejecutado y arbitrado por la misma fuerza. La libertad de expresión, sin tribunal independiente que garantice su ejercicio, se convierte en un acto riesgoso, dependiente de la tolerancia circunstancial del poder. En este contexto, el ciudadano deja de ser sujeto de derechos y se convierte en beneficiario condicional de privilegios.
Es decir, será cada vez más común que tener vivienda, trabajo y atención médica se configure como privilegios. México: el eterno país en «vías en desarrollo» con las leyes más modernas e innovadoras del mundo que rara vez son exigibles y operables.
La paradoja es que esta transformación ocurre en nombre de los mismos principios que dieron origen a la transición democrática. La legitimidad electoral se invoca como fuente absoluta de poder, sin importar que su ejercicio derive en un orden menos plural. Los propagandistas, no importa que tan sofisticados sean, corean «argumentos» que buscan allanar la concentración del poder.
A partir de este septiembre, la sociedad mexicana entra en un nuevo estatus. Desde un abordaje académico podría ser el de democracia imperfecta. En ausencia de árbitros imparciales, los conflictos ya no se resolverán en tribunales, sino en las calles, en los medios digitales, en los espacios de confrontación directa. La política se vuelve más impredecible, más costosa en términos sociales, más peligrosa en términos de gobernabilidad.
Este cúmulo de nuevas condiciones definirá el terreno inexplorado de la decadente democracia mexicana. La captura del Poder Judicial marca un precedente histórico y punto de no retorno. La historia nos dice que ningún poder absoluto es eterno y que justo ese dominio y concentración de poder pueden ser los factores que abran la puerta a su caída.
Lo que comienza en septiembre puede marcar la etapa más oscura de la vida institucional del país. También puede ser el punto de inflexión desde el cual la sociedad decida recuperar su lugar como dueña de las instituciones y levantar una escalera más firme, imposible de derribar por quienes vuelvan a subir al poder.
