noviembre 18, 2026

Juzgando la ética de los medios: Ignacio Reyes Estrello

Los periodistas son seres humanos como cualquiera, con virtudes y defectos, fuerzas y debilidades, lealtades y antipatías, honestidades y deshonestidades. Pueden ser la mayor fuerza ciudadana ante el abuso del poder, o resultar los destructores de prestigios, reputaciones, vidas y haciendas.

El sensacionalismo no es pecado nacional; ocurre en todo el mundo, y puede originarse por intereses del medio, o por protagonismo del redactor. El resultado es igual: cuando se acusa a inocentes y queda en claro la verdad, no hay retractaciones, o cuando mucho tímidas notas sobre qué sucedió en realidad y quiénes resultan, ante las autoridades judiciales, culpables e inocentes.

La prensa, los medios electrónicos y la sociedad se alarman ante los intentos reglamentarios de la información, ya que pueden ser la antesala de la censura, la mordaza, el abuso del poder público y la detención y encarcelamiento de comunicadores inocentes, por el solo hecho de denunciar, por ejemplo, abusos del poder, corrupciones u otros delitos. El mundo ya sabe mucho de esto.

El punto crítico de la desinformación es la calumnia y la difamación, que atentan contra un derecho fundamental de la persona: una reputación honorable. Las entendemos en el sentido legal: la calumnia es la divulgación de un hecho delictivo falso que se atribuye a una persona, y la difamación es la divulgación de un hecho real o falso, con el fin de desprestigiar a la persona atacada, pero ampliando el concepto a la divulgación de hechos no comprobados con fines netamente de explotación comercial sin escrúpulos.

Aunque la Ley de Imprenta nacional establece ciertas reglas para resolver los casos de difamación o calumnia, en la práctica no significan gran cosa. Frente al peligro de dejar en manos del poder público el “control” o censura de la información sobre personas, quedan dos posibles opciones. Una es la llamada “sociedad civil”, y la otra el autocontrol sobre el respeto a los derechos del individuo.

El primer caso es crear entidades semejantes a las comisiones de derechos humanos, que en forma semejante puedan resolver quejas contra la desinformación, y hagan recomendaciones a los medios considerados culpables de difamación o calumnia, en forma pública si es necesario, poniendo a la empresa comunicadora o al comunicador en lo particular, en el banquillo de los acusados.

Todo medio de comunicación debe tener una especie de “conciencia” interna, que oriente permanentemente sobre ética periodística, y sobre el desarrollo de destrezas profesionales, que ayuden a los periodistas a evitar caer en casos de difamación o calumnia, sea dolosa o culposamente –por incompetencia o imprudencia profesionales–. Esta “conciencia” debe estar “en sesión permanente”, ya que la información moderna se genera y trasmite en todo momento, y en los medios electrónicos “en vivo” o “tiempo real”.

Esta opción, de la conciencia interna, de autocontrol moral, es la más fácil de concebir, establecer y mantener con vida. Hay antecedentes en la prensa, en que existen personas o comisiones, que vigilan el correcto uso del lenguaje y el estilo periodístico, la veracidad de lo informado, y aún la calidad artística de lo publicado o trasmitido al aire. La mayor revista de circulación internacional, se enorgullece de no publicar nada que no haya previamente comprobado.

Una comisión de ética, integrada tanto con moralistas como periodistas, puede dilucidar sobre casos dudosos, cuando la “magia” del idioma ha permitido acusar sutil e indirectamente, para evitar compromisos legales, pero induciendo hábilmente al público a aceptar como cierto un hecho dudoso atribuible a personas o instituciones.

Vale la pena intentarlo, y crear antecedentes de empresas de comunicación auto-controladas, que sepan decir “perdón, nos equivocamos” en forma notable y no tímidamente “al fondo de la página y con pequeños encabezados”, reivindicar reputaciones y prestigios, ganando el reconocimiento de su público y del gremio. Lo contrario también será válido, explicar al quejoso y al público, por qué la queja es infundada o hasta dolosa.

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