¿Y qué hacemos con el IEEPCNL y los OPLEs?
En las últimas semanas, el gobierno federal y su partido han desplegado una intensa campaña que comenzó como un intento por deslindarse de la impresentable gestión de Guadalupe Taddei, pero que rápidamente escaló hacia un embate para desprestigiar al IFE y al INE en toda su historia. En esta segunda semana de noviembre, la Presidenta insistió dos veces en revivir su Reforma Electoral —ya perdimos la cuenta en qué letra del abecedario va— poniendo sobre la mesa la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).
En estos ocho años de la 4T se ha vuelto evidente un patrón sistemático para colonizar o desmantelar las instituciones surgidas de nuestra transición democrática. El guion empieza señalando supuestos actos de corrupción —nunca probados en tribunales— que justificanla eliminación de órganos incómodos como el NAIM, el INAI o el Poder Judicial, absorber otros desde el Ejecutivo federal como la CRE o la Cofece, o capturarlos con perfiles afines como ocurrió con la CNDH, la FGR y el propio Tribunal Electoral. Hoy, esa misma ruta centralizadora tiene en la mira al sistema electoral mexicano.
Para dimensionar el error de centralizar todo el aparato electoral, conviene revisar el diseño institucional con rigor técnico. Antes de la reforma de 2014, cada entidad contaba con su propio instituto, nombrado por el Congreso local, para organizar los comicios estatales coordinándose con el INE/IFE en temas puntuales como la Lista Nominal o la ubicación de casillas en elecciones concurrentes, como ocurre en Nuevo León desde 1994. A partir de 2014 se impuso un modelo híbrido: el INE asumió la designación de los consejeros estatales y acaparó la inmensa mayoría de las tareas operativas.
Bajo esta centralización, el organismo local —en nuestro caso el IEEPCNL— prácticamente comienza a operar hasta el cierre de las casillas en la jornada electoral, además sus decisiones siguen una ruta jurisdiccional que casi invariablemente termina resolviéndose en alguna instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El gran argumento para justificar esta centralización en 2014 fue el ahorro presupuestal al evitar duplicidades. Sin embargo, «a cuentas rancheras», si un órgano local realiza apenas una cuarta parte del trabajo, su costo debió reducirse en esa proporción o al menos a la mitad; por el contrario, desde entonces el presupuesto electoral en Nuevo León rompió récords históricos en cada proceso.
La centralización de procesos no solo resultó más costosa, sino operativamente más torpe y riesgosa ya que surgieron fallas inéditas en nuestra historia democrática. Basta recordar la anulación de la elección de Monterrey en 2018, cuando el TEPJF determinó que existieron irregularidades graves en la cadena de custodia, el conteo y la entrega de los paquetes electorales, obligando a repetir los comicios. Pretender ahora que el INE absorba por completo las elecciones de todo el país no corregirá estas deficiencias; sólo llevará los cuellos de botella a escala nacional.
Cuando la injerencia del gobierno central avanza sobre procesos que exigen neutralidad absoluta y conocimiento del terreno, se destruye un activo intangible: la rendición de cuentas de proximidad. Con el modelo híbrido perdimos a aquellas figuras señeras locales, ciudadanos con arraigo, trayectoria y prestigio propios en el estado, que respondían de frente ante sus vecinos, colegas y círculos sociales por la limpieza del voto, más allá de cualquier circuito burocrático. La democracia no se administra a control remoto desde la capital ni bajo la tutela del poder en turno.
Ante esta disyuntiva, tenemos dos caminos: desaparecer los institutos locales para entregarle el monopolio electoral a un órgano central cada vez más presionado por el Ejecutivo, o restablecer organismos estatales con facultades plenas y responsabilidad directa bajo el escrutinio de los congresos locales. El modelo híbrido de 2014 fracasó en costos y eficacia, pero la solución nunca será concentrar más poder en el centro. No caigamos en la trampa: coincidir en que el esquema actual falló no significa aceptar la medicina envenenada del oficialismo. Toca vigilar no solo la elección en puerta, sino la supervivencia misma de nuestra democracia.
