noviembre 16, 2026

Criminalizar la crítica: el caso de la feminista Martha de la Cruz

Lo que comenzó como una crítica pública a una decisión profesional terminó convirtiéndose en un proceso penal que hoy enfrenta una activista feminista en Tamaulipas. El caso de Martha de la Cruz López ha encendido el debate sobre los límites entre la libertad de expresión, el derecho al ejercicio profesional de la abogacía y el uso de la justicia para responder a cuestionamientos provenientes de la sociedad civil.

Martha, integrante de la colectiva Mujer Manglar y con más de dos décadas de activismo en defensa de los derechos humanos, fue vinculada a proceso por los presuntos delitos de ciberacoso y discriminación tras cuestionar públicamente a la abogada Dunia Magali Ramírez Méndez, quien pasó de manifestarse a favor de la justicia para una víctima de feminicidio a integrarse posteriormente a la defensa del responsable del crimen.

La resolución fue dictada por la jueza Luz del Carmen Lee Luna, adscrita a la Sexta Región Judicial de Tamaulipas. Para organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, el caso representa un preocupante precedente sobre la judicialización de las críticas y el posible uso de figuras penales para inhibir el debate público.

El feminicidio que originó la polémica

La historia se remonta al feminicidio de Karla Dorismar Cardos Roses. Durante el proceso judicial, la madre de la joven, Elizabeth Roses Ramírez, buscó respaldo legal y acompañamiento de diversas organizaciones y colectivas.

Entre los grupos consultados se encontraba la Barra de Juristas con Perspectiva de Género, organización integrada por varias abogadas reconocidas por su participación en causas relacionadas con los derechos de las mujeres.

Sin embargo, la polémica surgió cuando una de sus integrantes más visibles, Dunia Magali Ramírez Méndez, apareció posteriormente como parte de la defensa de Xabiany Jesús N, quien años después sería sentenciado a 40 años de prisión por el feminicidio de la menor.

Para Martha de la Cruz y otras activistas, aquella decisión resultó contradictoria. Consideraron que existía un conflicto ético al tratarse de una profesionista vinculada a un organismo que se presenta públicamente como defensor de los derechos de las mujeres.

La defensa de Dunia Magali

Ante las críticas, Ramírez Méndez defendió su actuación argumentando que el ejercicio de la abogacía implica garantizar representación legal incluso a personas acusadas de delitos graves.

La litigante sostuvo públicamente que nadie puede limitar su derecho a ejercer su profesión y que la perspectiva de género no excluye a los hombres del acceso a una defensa jurídica adecuada.

Asimismo, aseguró haber sido objeto de hostigamiento y señalamientos en redes sociales por aceptar el caso, situación que, según expuso, afectó su salud emocional.

Su postura encontró respaldo entre integrantes de la propia Barra de Juristas, quienes consideraron que las críticas habían rebasado los límites del debate legítimo.

De la controversia pública al proceso penal

La confrontación escaló cuando Ramírez Méndez, junto con las abogadas Nury Violeta Romero Santiago y Lidia Herrera Deantes, presentó denuncias contra Martha de la Cruz.

Las denunciantes argumentaron haber sido víctimas de ciberacoso y actos discriminatorios derivados de las declaraciones realizadas por la activista.

Tras varios meses de procedimientos judiciales y audiencias diferidas, la autoridad determinó vincular a proceso a Martha, decisión que provocó una ola de reacciones en colectivos feministas y organizaciones civiles.

Para sus simpatizantes, la medida constituye una forma de criminalización de la protesta y de la crítica ciudadana.

El respaldo de la madre de la víctima

Una de las voces más contundentes en defensa de Martha ha sido la de Elizabeth Roses Ramírez, madre de Karla Dorismar.

La mujer ha manifestado públicamente su sorpresa por la participación de Ramírez Méndez en la defensa del feminicida de su hija, recordando que anteriormente había buscado acercamiento con integrantes de la barra jurídica para recibir orientación sobre el caso.

Para Elizabeth, la actuación de la activista siempre estuvo encaminada a acompañar a las víctimas y visibilizar situaciones que consideraba injustas.

Por ello, sostiene que la denuncia presentada contra Martha tiene un trasfondo de represalia derivado de la controversia generada alrededor del proceso judicial.

Acusaciones de irregularidades

La defensa de Martha de la Cruz también ha denunciado presuntas inconsistencias dentro del expediente.

Su abogado, Néstor Enrique Luna Ortiz, cuestiona que la autoridad haya considerado configurado el delito de ciberacoso sin que, según su interpretación, existan amenazas o actos reiterados de hostigamiento.

Además, asegura haber detectado similitudes textuales en los dictámenes psicológicos presentados por las denunciantes para acreditar afectaciones emocionales.

Ante ello, anunció que buscará impugnar la resolución mediante recursos legales y, eventualmente, un juicio de amparo.

Un debate que trasciende a las partes

Más allá de las posiciones encontradas, el caso ha abierto una discusión de fondo sobre el papel de las organizaciones feministas, la ética profesional dentro de la abogacía y los alcances de la libertad de expresión en asuntos de interés público.

Mientras algunos sectores defienden el derecho de cualquier abogado a representar legalmente a quien considere pertinente, otros sostienen que quienes encabezan organizaciones con perspectiva de género deben asumir estándares éticos más elevados y transparentes respecto a los casos que aceptan.

En tanto el proceso judicial avanza, Martha de la Cruz insiste en que la causa va más allá de su situación personal.

Según su postura, lo que está en juego es el derecho de las ciudadanas a cuestionar decisiones públicas sin enfrentar consecuencias penales. Para sus defensoras, el expediente representa una advertencia sobre los riesgos que enfrentan quienes alzan la voz; para sus detractoras, se trata simplemente de hacer valer los mecanismos legales frente a conductas que consideran agraviantes.

Lo cierto es que el caso se ha convertido en uno de los episodios más controvertidos dentro del movimiento feminista tamaulipeco y plantea interrogantes que aún están lejos de resolverse.

Crédito: Con información de la periodista Sanjuana Martínez, publicada originalmente en La Jornada.

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