Identificados, ubicables, localizables, pero impunes: Adriana Dávila Fernández -

Activista Política

Como nunca, la clase política gobernante en México ha llegado a su punto más deleznable.

Y mientras las marchas de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud inundan de frustración las calles del país, los hogares que esperaban dar la bienvenida a sus hijos recién nacidos lloran sus muertes y las madres buscadoras imploran atención, con absoluta indolencia, el segundo piso de la transformación continúa engrosando su lista de identificados, ubicables y localizables, pero indignamente impunes.

En días recientes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, fue cuestionado sobre las denuncias presentadas contra Jorge Amílcar Olán, amigo de “Andy” López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su participación, uno de los reporteros que cubren la fuente del Senado planteó: “Se siguen acumulando los audios y las pruebas contra Jorge Amílcar Olán… ¿Cuántas carpetas de investigación hay tanto en la Fiscalía como en la UIF?… ¿Jorge Amílcar Olán está ubicable para el gobierno federal?”.

Sin embargo, la respuesta del también senador con licencia, recién “destapado” por el líder del PVEM para suceder a Claudia Sheinbaum, fue evidentemente ambigua.

Sobre las carpetas de investigación dijo: “Pido la información a la FGR y con gusto se las compartimos…”. Respecto de la ubicación del señalado, aseguró: “Hasta donde tenemos entendido y según los últimos reportes, sí”. Lo cierto es que Ernestina Godoy ha negado reiteradamente que existan investigaciones contra el amigo del tabasqueño, quien hoy busca llegar a la Cámara de Diputados con el respaldo y la protección de Morena. Apenas el 16 de septiembre, la funcionaria aseguraba tajante: “No, no hay nada”.

Este caso, que involucra a personajes que sostienen al movimiento de la maltrecha “transformación”, pinta de cuerpo completo al oficialismo. No importa cuántas denuncias, datos, audios, videos o informes existan sobre los posibles delitos cometidos por prominentes miembros del obradorato: no serán investigados, detenidos ni procesados por el gobierno federal.

La relación de personajes que gozan del manto protector del gobierno es cada día más amplia. Un caso emblemático es el del gobernador con licencia definitiva Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, señalados por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. En el libro que López Obrador presentó recientemente desde la comodidad de su rancho aparece una férrea defensa del sinaloense, a quien muestra como víctima de las “injerencistas” agencias de seguridad de Estados Unidos.

El senador Adán Augusto López Hernández, considerado por López Obrador como “su hermano”, engrosa la lista. Son muchos los señalamientos contra el también tabasqueño: presuntos vínculos con el grupo delictivo La Barredora, inconsistencias patrimoniales y fondos no declarados. A ello se suma uno de los asuntos que más ha hecho tambalear al oficialismo: el huachicol fiscal, en el que también se involucra a otro consentido de la cuarta transformación, Mario Delgado Carrillo, actual secretario de Educación Pública.

Si de crimen organizado hablamos, son muchos los gobernadores y alcaldes morenistas que gozan de perdón anticipado, pese a los indicios que los relacionan con actividades como el lavado de dinero o con los cárteles de las drogas. Ahí están los videos de la exalcaldesa morenista Norma Otilia Hernández Martínez con integrantes de Los Ardillos, en Guerrero, o las conversaciones telefónicas de la aún gobernadora Marina del Pilar, en Baja California, ofreciendo colaboración para disminuir posibles sanciones. Estos son solo algunos casos y la realidad, como se ha demostrado hasta ahora, es que gozan del manto protector del oficialismo.

También se suma a la lista Ignacio Ovalle Fernández, quien carga sobre su administración el desfalco de más de 15 mil millones de pesos en Segalmex; en este caso, tampoco pasó nada. Los hermanos Pío y Martín López Obrador ejemplifican perfectamente el dicho de que duele más el cuero que la camisa. Los videos en los que reciben efectivo en sobres amarillos no bastaron para imponer sanción alguna, mucho menos para llegar al fondo del asunto, donde posiblemente encontraríamos las raíces de la corrupción que rodea al actual senador del PVEM, Manuel Velasco Coello, a quien seguramente mucho le deben en Palacio Nacional. El beso en la mano, en estos “tiempos de mujeres”, quedó grabado como símbolo inequívoco de complicidades y favores otorgados.

Recientemente recibimos con indignación la noticia de que el extitular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, otro amigo cercano del expresidente López Obrador, quedaba exonerado en el caso del incendio de la estación migratoria deCiudad Juárez, en el que perdieron la vida 40 migrantes y 27 más resultaron heridos. ¿Alguna sorpresa?

Se requerirían cientos de páginas para elaborar la lista de perdones de los cuatroteístasquienes como por arte de magia terminan impolutos solo por pertenecer a Morena.

Esa “purificación política” sólo la puede otorgar quien entiende el poder como instrumento de control y manipulación y sólo la puede recibir quien entiende el servicio público como vehículo de interés personal, en ambos casos la ética, los escrúpulos y la moral son valores inexistentes.