¿Cuántas cosas más toleraremos? Armando Salinas -

En memoria de Francisco Garfias Antolín.

El actual sexenio ha cumplido dos años. En ese lapso su característica ha sido empeñarse en defender y justificar lo realizado en el sexenio anterior, que dejó más problemas que soluciones. En dos años, se ha atentado contra nuestras libertades, contra las instituciones y diariamente se niega la realidad que padecemos; se insiste en hablarnos de un mundo pintado de rosa que nadie cree ¿cuántas cosas más ocurrirán en el resto de los cuatro años que faltan?

Nos preguntamos lo anterior mientras vemos a médicos, enfermeras, técnicos y demás personal del IMSS realizar marchas y plantones para exigir mejores condiciones laborales, denunciar la escasez de material de trabajo, instrumentos y medicinas para realizar adecuadamente su función. Al mismo tiempo que exigen un incremento salarial que esté por encima del 2.9 % que negociaron sus dirigentes sindicales.

El tema de salud es cada día más alarmante. Una vez que en 2019, se decide desaparecer el Seguro Popular y sustituirlo por el INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar, el rumbo ha sido de improvisaciones y justificaciones. Ante la falta de resultados, no obstante el despilfarro de recursos que se le otorgaron y, ante la corrupción que empezó a aparecer se toma la decisión de desaparecerlo en 2023, transfiriendo sus obligaciones, personal e infraestructura al IMSS Bienestar.

El IMSS atiende a trabajadores asegurados y sus beneficiarios, cuenta con un sistema de aseguramiento, cuotas, infraestructura y relaciones laborales. Mientras que el IMSS Bienestar, está destinado a atender a las personas sin seguridad social, sus empleados no tienen el mismo contrato, ni prestaciones.

Este tema no se le ha atendido adecuadamente, y se suma a otros temas igual de graves.

La reforma constitucional al poder judicial efectuado a finales del sexenio pasado ha sido implementado ya en este gobierno, se llevó a cabo la elección de los distintos impartidores de justicia, pero las expectativas de sus promotores no se ven por ninguna parte. Mientras, se desmanteló todo lo que venía funcionando.

Aún con la escasez de recursos públicos, continúa el despilfarro por obras faraónicas y de ornato que no pueden sostenerse por sí mismas o empresas que sin subsidio gubernamental son un fracaso como la aerolínea Mexicana o Gas Bienestar.

Al desaparecer el organismo garante de la transparencia el ciudadano no tiene manera de saber en qué o cómo se gastan los recursos públicos y en qué condiciones se pactan los contratos de obras y servicios. El gobierno reserva casi toda la información para no explicar sobrecostos, condiciones de contratación o plazos de entrega o penalización por incumplimiento. A ello se suma una nueva práctica de los servidores públicos de no reportar sus inmuebles adquiridos, hasta que nos enteramos de ello sólo por las investigaciones periodísticas, lo que al descubrirse, se niega que sea cierto, o se acepta que tiene esos bienes sólo agregando que los adquirió con recursos propios aunque en su historial laboral no existan empleos formales o serios.

Aunado a todo ello se está concretando una reforma más denominada por los ciudadanos como “ley antimemes” donde se prohibirán las parodias, caricaturas o cualquier cosa que pretenda ridiculizar a funcionarios. Estará a salvo el derecho de libre pensamiento, el de libre expresión será disminuido.

Esa pérdida de libertades y derechos o desmantelamiento de instituciones ¿por qué se puede llevar a cabo? La respuesta es sencilla: porque la ciudadanía no se opone fehacientemente, tolera la arbitrariedad, la demagogia y la incapacidad gubernamental.

Es necesario que los ciudadanos utilicen sus libertades y derechos antes de que disminuyan más o desaparezcan. Cuestionar y confrontar a los gobernantes no es antipatriótico.

Cuando las nuevas generaciones cuestionen porqué ocurrió todo esto sólo quedará encoger los hombros por el desinterés manifestado.