La salud pública, entre las promesas oficiales y el abandono a sus trabajadores y pacientes
Cuando médicos, enfermeras, enfermeros y personal técnico consideran necesario salir a las calles o convocar a un paro laboral para exigir mejores condiciones, el problema va mucho más allá de una inconformidad sindical. Estamos frente a una advertencia sobre las fallas que persisten en el sistema público de salud mexicano.
Durante años, las deficiencias en hospitales y unidades médicas han formado parte de las preocupaciones de los trabajadores: plantillas insuficientes, escasez de medicamentos, equipo inadecuado, instalaciones deterioradas y reclamos salariales que no encuentran respuestas satisfactorias.
Lo verdaderamente preocupante es que estas situaciones sean ampliamente conocidas y, aun así, continúen sin soluciones definitivas.
La responsabilidad de las autoridades no consiste únicamente en administrar presupuestos o presentar indicadores de cobertura. También implica identificar oportunamente los problemas, escuchar a quienes trabajan en las instituciones y evitar que las deficiencias operativas terminen convirtiéndose en crisis laborales.
En ese sentido, el anuncio de Zoé Robledo, director general del IMSS, sobre una estrategia para escuchar al personal de 277 hospitales plantea una interrogante inevitable: ¿por qué fue necesario llegar a este nivel de inconformidad para reforzar la atención directa a las necesidades de los trabajadores?
La iniciativa representa una oportunidad de corrección, pero también obliga a revisar la efectividad de los procedimientos de supervisión, comunicación interna y respuesta administrativa.
En el caso del IMSS-Bienestar, encabezado por Alejandro Svarch, el reto tiene características propias. La ampliación de los servicios públicos de salud debe acompañarse de personal suficiente, recursos materiales, estabilidad laboral y capacidad real para atender a la población.
Aunque el IMSS y el IMSS-Bienestar operan bajo estructuras institucionales distintas, ambos comparten una obligación fundamental: garantizar servicios dignos y condiciones adecuadas para sus trabajadores. Las responsabilidades específicas deben evaluarse por separado, sin confundir las demandas dirigidas a cada organismo.
Tampoco puede ignorarse que muchas de las dificultades actuales tienen antecedentes en administraciones anteriores. Pero reconocer esa herencia no significa liberar a los funcionarios actuales de su deber de corregirlas.
Las propuestas de incremento salarial, las reuniones de negociación y los nuevos mecanismos de atención hospitalaria son pasos que deberán juzgarse por sus resultados, no por la publicidad que reciban.
Lo que corresponde ahora es transparentar decisiones presupuestales, establecer responsables, fijar plazos y comprobar que los compromisos se cumplen.
Porque cuando las autoridades permiten que los problemas se acumulen, no solamente se deteriora la relación con sus trabajadores: también se pone en riesgo la calidad de los servicios que recibe la población.
La transformación de la salud pública no puede quedarse en una narrativa gubernamental. Debe sentirse en los hospitales, en las condiciones de trabajo y en la atención cotidiana de los pacientes.
Cuidar a quienes cuidan la salud de México es una responsabilidad del Estado, no un favor de sus funcionarios.
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