Samuel García: entre la investigación y la responsabilidad pública -

La información difundida sobre una presunta investigación de la Fiscalía General de la República contra Samuel García y personas de su entorno coloca nuevamente al gobernador de Nuevo León ante un escenario que exige algo más que declaraciones políticas: exige claridad, pruebas y rendición de cuentas.

De acuerdo con la versión periodística difundida por Carlos Loret de Mola, la FGR tendría integrada una carpeta de investigación en la que aparecen transferencias, cuentas bancarias, contratos y empresas presuntamente relacionadas con el gobernador y personas cercanas a él. También se ha señalado la posibilidad de que el expediente sea presentado ante un juez.

Pero una precisión resulta indispensable: una investigación, una carpeta o una eventual judicialización no equivalen a una sentencia. La presunción de inocencia debe prevalecer mientras no exista una resolución judicial que determine responsabilidades.

Precisamente por eso, si la Fiscalía cuenta con elementos suficientes, corresponde a las instituciones hacer su trabajo. Si existen indicios de delitos, deberán presentarse ante un juez y someterse al escrutinio de la defensa y del propio Poder Judicial. Y si las acusaciones carecen de sustento, también deberá quedar demostrado por las vías institucionales correspondientes.

El caso adquiere una dimensión particular porque Samuel García no es un ciudadano común: es el gobernador constitucional de Nuevo León. Cualquier acción penal en su contra tendría que atravesar los mecanismos constitucionales de procedencia que correspondan, además de las reglas propias del estado.

Esto significa que una eventual judicialización no produciría automáticamente una detención, una separación del cargo ni mucho menos una condena. Habría etapas procesales, audiencias, decisiones judiciales y recursos legales.

También debe evitarse otro error: trasladar automáticamente las acusaciones contra una persona a todos quienes formen parte de su círculo familiar, empresarial o político. En materia penal, la responsabilidad es individual. Cada imputado tendría que responder por sus propios actos y la Fiscalía tendría que acreditar la participación concreta que atribuya a cada persona.

El verdadero desafío, entonces, no es solamente para Samuel García. Lo es para las instituciones.

Nuevo León necesita que las investigaciones sobre el uso de recursos públicos sean transparentes, pero también que los procedimientos se conduzcan conforme a derecho. La justicia no puede convertirse en espectáculo político, pero tampoco las instituciones pueden ser utilizadas como escudo para impedir que se investiguen posibles actos de corrupción.

La sociedad tiene derecho a conocer qué ocurrió con los recursos públicos y quién, en su caso, debe responder por ello.

Si la carpeta existe y contiene pruebas suficientes, que avance ante los tribunales. Si las acusaciones no pueden sostenerse, que así lo determine la autoridad competente.

Lo que no puede prevalecer es la incertidumbre permanente: acusaciones en los medios, respuestas políticas y ninguna conclusión institucional.

En un Estado de derecho, la última palabra no corresponde ni al gobernador, ni a sus adversarios, ni a los periodistas.

Corresponde a las instituciones, con pruebas, debido proceso y resoluciones públicas.

Y esa será, finalmente, la verdadera prueba para Samuel García y para las instituciones que hoy tienen en sus manos determinar hasta dónde llega esta investigación.