¿Soberanía selectiva? Harfuch, la DEA y el doble discurso de la 4T -

Hay preguntas que el poder no puede responder con discursos patrióticos. Tiene que responderlas con congruencia.

El gobierno de Claudia Sheinbaum convirtió en abril el caso de Chihuahua en un asunto de soberanía nacional. Después de que dos funcionarios estadounidenses, señalados como agentes de la CIA, murieran junto con dos elementos de la Fiscalía de Chihuahua en un accidente ocurrido tras un operativo contra laboratorios del narcotráfico en la Sierra Tarahumara, la presidenta sostuvo que la presencia operativa de agentes extranjeros en territorio mexicano no era un asunto menor. Incluso se habló de una posible violación a la soberanía y se exigieron explicaciones.

La posición, en principio, es legítima: ningún gobierno extranjero debe operar unilateralmente en México.

El problema aparece cuando se observa lo que está ocurriendo simultáneamente en la relación México-Estados Unidos.

El director de la DEA, Terry Cole, acaba de revelar que mantiene comunicación cotidiana con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. “Compartimos información a diario”, afirmó Cole. También reveló que Harfuch lo llamó personalmente, aproximadamente media hora después del operativo contra Nemesio Oseguera, “El Mencho”, para informarle que se había desarrollado una operación exitosa para llegar al líder del CJNG.

Más aún: Cole habló abiertamente de una relación de confianza y de cooperación permanente entre ambos.

Entonces surge una pregunta inevitable:

¿Dónde termina la cooperación legítima y dónde comienza la violación de la soberanía?

Porque el gobierno mexicano no solamente acepta información de Estados Unidos. La utiliza. El propio gobierno ha reconocido cooperación tecnológica e intercambio de inteligencia con autoridades estadounidenses en operaciones contra organizaciones criminales. Y esta misma semana se informó de una captura en Mexicali producto de una operación conjunta entre el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estadounidenses.

Entonces, ¿por qué la cooperación con la DEA es presentada como coordinación ejemplar cuando el interlocutor es Harfuch, pero la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua se convirtió en una crisis política y en un debate sobre soberanía?

La respuesta jurídica puede ser sencilla: no es lo mismo compartir inteligencia que permitir que agentes extranjeros participen físicamente en una operación dentro de México sin autorización de las autoridades competentes.

Y esa diferencia debe respetarse.

Pero precisamente por eso el gobierno federal está obligado a explicar con absoluta claridad qué ocurrió en Chihuahua, quién autorizó la presencia de los estadounidenses, qué funciones desempeñaban, quién conocía su participación y por qué la Federación aparentemente no tuvo conocimiento oportuno.

Lo que no resulta aceptable es utilizar la soberanía como argumento político selectivo.

Si la regla es que agentes extranjeros no pueden participar en operaciones de seguridad sin autorización federal, esa regla debe aplicarse a todos: gobiernos estatales de oposición y gobiernos emanados de Morena; Chihuahua, Jalisco, Sinaloa o cualquier otra entidad.

La soberanía no puede depender del color partidista del gobernador.

Y tampoco puede utilizarse la palabra “traición a la patria” como arma política antes de acreditar responsabilidades individuales.

El caso Chihuahua merece investigación, no propaganda.

Pero la nueva relación Harfuch-Cole obliga a revisar también el discurso oficial. Porque mientras se reivindica públicamente la soberanía frente a la CIA, existe una cooperación profunda, cotidiana y reconocida con la DEA.

No hay contradicción necesariamente si existen protocolos, autorizaciones y cadenas de mando.

La contradicción aparece cuando el gobierno pretende que la sociedad crea que una cooperación con Washington es patriótica cuando la administra el gobierno federal, pero sospechosa o incluso traición cuando ocurre bajo un gobierno estatal de oposición.

La verdadera defensa de la soberanía no consiste en cerrar las puertas a Estados Unidos. Consiste en que México decida quién entra, para qué entra, bajo qué autoridad y con qué límites.

Y ahí está la pregunta que todavía permanece sobre la mesa:

¿El gobierno de Sheinbaum está defendiendo la soberanía nacional o está administrando políticamente el concepto de soberanía?

Porque una cosa es tener una relación institucional estrecha con Terry Cole y compartir información diariamente.

Otra muy distinta es permitir operaciones extranjeras sin autorización.

Pero si ambas cosas existen al mismo tiempo, el gobierno tiene la obligación de explicar dónde está exactamente la línea.

México necesita cooperación internacional para enfrentar al crimen organizado.

Lo que no necesita es un doble discurso sobre la soberanía.

Este enfoque permite cuestionar al gobierno sin negar la diferencia jurídica entre intercambio de inteligencia y presencia operativa extranjera, lo que hace el argumento más sólido y difícil de descalificar.

Irá viniendo, iremos viendo si prevalece la cooperación y coordinación o se prioriza el patriotismo y el engaño a la población.