¿Justicia o persecución política? El caso Ernesto Ruffo pone a prueba al Estado de derecho -

La decisión de una jueza de vincular a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presuntos delitos de huachicol fiscal y delincuencia organizada trasciende el ámbito estrictamente jurídico. El caso inevitablemente se instala en el terreno político, donde la percepción pública será tan importante como las pruebas que finalmente se presenten en los tribunales.

La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria. Es apenas el inicio formal de un juicio en el que la Fiscalía tendrá la obligación de demostrar, más allá de cualquier duda razonable, la responsabilidad del exmandatario. Sin embargo, en el México actual parece haberse impuesto la lógica de que primero se condena en la opinión pública y después se intenta probar la culpabilidad.

Resulta inevitable preguntar si este mismo rigor se aplica a todos los actores políticos o únicamente a quienes representan a la oposición. Mientras algunos expedientes que involucran a personajes cercanos al poder avanzan con lentitud o permanecen sin consecuencias visibles, otros casos reciben una intensa exposición mediática desde el primer momento.

Ernesto Ruffo no es un político cualquiera. Su triunfo en 1989 marcó el inicio de la alternancia democrática en México y simbolizó el fin del monopolio político del PRI en los estados. Precisamente por ese peso histórico, cualquier procedimiento judicial en su contra exige un nivel extraordinario de transparencia, imparcialidad y sustento probatorio.

Si la Fiscalía cuenta con pruebas contundentes, deberá presentarlas y obtener una sentencia conforme a derecho. Pero si las acusaciones descansan en inferencias, responsabilidades indirectas o interpretaciones sin evidencia suficiente, el riesgo es convertir la justicia en un instrumento de confrontación política.

La verdadera fortaleza de un Estado democrático no consiste en detener a figuras públicas, sino en demostrar su culpabilidad mediante pruebas irrefutables y respetando plenamente el debido proceso. De lo contrario, la justicia deja de ser un contrapeso institucional para convertirse en un mecanismo de presión política.

El caso Ruffo apenas comienza. Lo que está en juego no es únicamente el futuro jurídico de un exgobernador, sino la credibilidad de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. En un país profundamente polarizado, la imparcialidad de los tribunales será puesta bajo el escrutinio de toda la sociedad.