Un juicio para apoyar la encuesta de Morena -

Por Vito Saintgermain

En forma sorpresiva, el 13 de julio la Suprema Corte le otorgó a Samuel García lo que necesitaba: no la absolución, sino tiempo. La ministra María Estela Ríos concedió una suspensión dentro de la controversia constitucional 386/2026 que permite al Congreso de Nuevo León seguir instruyendo el juicio político al gobernador, pero impide ejecutar cualquier sanción derivada de él. El razonamiento tiene una extraña lógica: el tiempo de no ejercicio de un cargo de elección popular no se recupera.

Dos días después, veinte de los cincuenta y un alcaldes del estado —metropolitanos y rurales, del PAN, del PRI y también de municipios pequeños sin bandera— entregaban un escrito en la Tesorería General del Estado reclamando entre mil seiscientos y mil setecientos millones de pesos que el gobierno estatal no les ha transferido. Adrián de la Garza, al frente de Monterrey, dijo que nunca había visto una retención de esta magnitud. Monterrey reclama más de trescientos millones; Escobedo, cuyo alcalde en licencia, Andrés Mijes, se ha convertido en la némesis de Samuel García, demanda trescientos ocho; García, más de doscientos; Santiago, ciento noventa; Santa Catarina, ciento setenta y cinco; San Nicolás, más de ciento cincuenta; San Pedro, ciento veintiséis.

La causal que se escogió

El juicio político nació el 8 de junio, cuando la dirigencia estatal de Morena presentó una denuncia por presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con la familia del gobernador. Cuatro días después, la Comisión Anticorrupción del Congreso aprobó iniciarlo por seis votos contra uno. El escrito habla de más de dos mil millones de pesos facturados por esos despachos desde 2015, de los cuales alrededor de mil setecientos ochenta corresponderían al periodo en que García ya era gobernador.

Las cifras son indignantemente espectaculares. La prueba, no tanto. La denuncia se apoya principalmente en publicaciones periodísticas, una denuncia construida sobre notas de prensa obliga al órgano instructor a producir después la prueba que no tenía al inicio.

El gobernador compareció ad cautelam, sin reconocer competencia, pidiendo que la Comisión se declarara incompetente y que el procedimiento se suspendiera en todas sus etapas antes de entrar al fondo. No discutió los hechos, menos aún sus implicaciones éticas: rechazo la vía procesal. Luego fue a la Corte, donde ganó el tiempo.

Es el cuarto intento formal del Legislativo neoleonés contra el gobernador “modo party” en cinco años. Los anteriores —por la omisión del paquete fiscal, por la falta de publicación de decretos— murieron en el camino. Cada intento fallido deja al acusado ¿más fuerte?, y al instrumento más gastado. Más que control constitucional funciona como hostigamiento. Aunque le chiflen en el estadio y hayan apoyado a Marruecos contra Holanda para llevarle la contra al gobernador, en la percepción pública domina la idea de que “no le harán nada”

El calendario que explica la denuncia

Salvo que uno crea en las coincidencias, conviene poner las fechas en una sola línea.

El 8 de junio, la dirigencia estatal de Morena presenta la denuncia por triangulación. El 12, la Comisión Anticorrupción la admite. El 14, la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, se reúne en privado en Monterrey con los aspirantes a la candidatura al gobierno del estado y les pide sostener el frente contra Samuel García y contra Adrián de la Garza. El 25 de junio se registran siete aspirantes ante la Comisión Nacional de Elecciones del partido. El 16 de julio arranca la primera encuesta de reconocimiento que definirá quién encabezará la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo León que, por costumbre reciente, antecede a la candidatura.

Cinco semanas separan la denuncia del inicio de la encuesta. La corrupción del gobernador no se descubrió en junio de 2026. Lo que ocurrió en junio de 2026 fue que se volvió útil para Morena.

Hay una razón de fondo. En Nuevo León, la marca Morena tiene piso electoral pero no ha despuntado como en el resto del país: las mediciones de estos meses la muestran en empate técnico con Movimiento Ciudadano, y el partido llega a 2027 con la desventaja de no tener una bandera estatal propia. Ahora la bandera está a la mano: el combate a la corrupción. En realidad un juicio político contra un gobernador emecista, expuesto nacionalmente por sus reiteras incompetencias, no es un procedimiento, es una plataforma.

La táctica se cimbró antes de terminarse. El 12 de junio faltaron a la sesión el entonces coordinador de la bancada, Mario Soto, y el diputado Rodrigo Montemayor, junto con la legisladora del Verde. Soto renunció a la coordinación tres días después. Morena suspendió provisionalmente los derechos partidistas de ambos; ellos llevaron el asunto al tribunal electoral.

Ninguno de los dos discutió si el gobernador es responsable, ambos utilizaron la honestidad política como pretexto, la verdad, hace mucho que trascendía su cercanía con Palacio de Gobierno.

Que una denuncia tenga motivación política no la vuelve falsa. Pretender que sus promotores actúen sin cálculo es pedirle peras al olmo. Lo que sí determina el móvil es la forma de la acusación. Una denuncia pensada para ganar un procedimiento se construye sobre la prueba más firme. Una denuncia pensada para ganar una encuesta interna tiene fecha de caducidad.

Y sin embargo, la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León parece escrita para atender el otro problema, el secuestro de los dineros de las alcaldías. Su artículo 9 enumera lo que daña gravemente los intereses públicos fundamentales, y tres fracciones caen sobre la retención de fondos municipales con una precisión casi incómoda:

La fracción II sanciona el ataque a la organización política y administrativa de los Municipios. La fracción IV, las violaciones graves y sistemáticas a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Estatal o Municipal y a la normatividad aplicable en la recaudación, manejo, administración y aplicación de los caudales públicos. La fracción VII, cualquier acción u omisión intencional que infrinja la Constitución local o las leyes estatales cuando cause perjuicios graves al Estado, a uno o varios de sus Municipios, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.

El artículo 115, fracción IV, coloca las participaciones federales dentro de la hacienda municipal de libre administración. La Suprema Corte ha construido sobre esa base el llamado principio de integridad de los recursos económicos municipales: los ayuntamientos tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa de sus participaciones, y la entrega extemporánea genera intereses. La entrega no es una gracia del Ejecutivo estatal ni una ficha de negociación: es una obligación, su incumplimiento es penalizable.

La diferencia entre una causal y otra no es ideológica. Es probatoria. Para acreditar la triangulación hay que reconstruir el origen hacendario de cada peso, distinguir recurso federal de estatal, y vencer a un equipo jurídico que ya demostró que sabe litigar el procedimiento antes que el fondo. Para acreditar la retención de fondos asignados a los municipios basta con los estados de cuenta, los calendarios de ministración publicados y los oficios que los propios alcaldes ya entregaron, municipio por municipio, con monto y concepto. Una causal exige investigación. La otra exige aritmética.

Por qué nadie va a usarla

Si la causal es tan clara, la pregunta se impone: ¿por qué nadie la levanta? La respuesta no está en el derecho. Está en el mapa de 2027.

El reclamo por los fondos municipales tiene un rostro, y ese rostro es el Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, rival priista, que la dirigencia nacional de Morena instruyó combatir junto con el gobernador. Adoptar la causal de la retención significaría, para Morena, hacer causa común con su otro adversario y regalarle la bandera de defensor del municipio. Al quite ha entrado, con razones tangibles para reclamar, Andrés Mijes, aunque Adrián lleva delantera como cabeza del reclamo.

Del otro lado, el PRI y el PAN tampoco tienen incentivo para reconvertir el expediente. Ellos ya tienen la retención donde la quieren: en la vía administrativa y judicial, donde el pleito rinde cada semana en boletines y ruedas de prensa, con los alcaldes como víctimas visibles. Llevarla al juicio político sería fundir su agenda municipal con un procedimiento que hoy trae el sello de Morena y que, además, está frenado en la Corte.

De modo que la causal más sólida del expediente queda huérfana: es jurídicamente utilizable y políticamente inservible para todos. No la usa quien podría ganarla porque le pertenece al rival equivocado; no la cede quien la tiene porque le rinde más afuera. Y mientras tanto sigue sin transferirse el dinero y el juicio está atascado. Morena puedo destrabarlo pero no lo hace, aunque en su narrativa diga que quiere ir adelante, por ahora hasta ahí llega.

El argumento del gobierno, tomado en serio

El gobierno estatal sostiene que la caída de las transferencias obedece a la disminución de la Recaudación Federal Participable (RFP) durante el segundo trimestre de 2026 y ha anunciado el inicio del proceso para activar el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Si eso es lo que ocurrió, no hay retención: hay contracción, y el reclamo de los alcaldes sería un reclamo mal dirigido.

Pero la exigencia no se limita a participaciones federales. Tres cosas lo desbordan. Primera: lo reclamado no son participaciones federales, sino derechos de origen estatal recaudados por el estado a cuenta de los municipios —refrendo vehicular, multas del Instituto de Control Vehicular—. Segunda: los alcaldes no fechan el problema en 2026 sino en 2022, y una caída trimestral no explica un adeudo acumulado de más de tres años. Tercera: la invocación del Fondo de Estabilización es, técnicamente, el reconocimiento de que existe un faltante y lo que discute es su causa.

Lo que está realmente en juego

La suspensión de la Corte no exoneró a nadie ni canceló nada: el Congreso puede seguir adelante. Las acusaciones de triangulación siguen siendo eso, acusaciones, sin sentencia que las declare probadas.

Donde la discusión deja de ser jurídica es cuando un municipio no paga la nómina de su policía porque el estado no le transfirió lo que la ley le manda transferir, el daño no es al alcalde: es al vecino de Santiago, Monterrey o Escobedo, que llama al 911 y no encuentra respuestas. El presupuesto público no es del gobernador ni de los ediles; es el instrumento con el que ambos deben servir a la misma gente. Usarlo como palanca de presión entre poderes convierte a los ciudadanos en rehenes de una disputa que no eligieron. Es decir, Samuel García golpea a los ciudadanos de municipios de oposición para golpear a su vez a sus rivales.

La pregunta, entonces, no es si Samuel García puede ser juzgado políticamente. La Constitución local dice que sí, y la presidenta Sheinbaum lo recordó al pedirle a la ministra Ríos que explique su resolución. La pregunta es si quienes lo acusan quieren juzgarlo o quieren usarlo: si el objetivo es una sentencia o es una encuesta interna que se resuelve antes de que el expediente llegue al Tribunal Superior de Justicia.

Porque si es lo segundo, el desenlace ya está escrito. La encuesta se cerrará, habrá candidato o candidata morenista, el juicio se apagará por falta de prueba o por falta de interés, y el gobernador saldrá del episodio con un argumento nuevo y gratuito: que nunca lo juzgaron, lo persiguieron. Le habrán regalado, exactamente el relato que necesitaba.

Un juicio político perdido por flojera probatoria no absuelve al gobernador. Y muestra que el presupuesto municipal se puede usar como palanca, siempre que uno sepa esperar a que sus acusadores se distraigan con una candidatura.