El rictus del terror
Andrés Manuel López Obrador gobernó exclusivamente para Morena, no para México. Prueba de ello es que privilegió la estrategia del enfrentamiento
Otro título para este artículo podría ser “La presidenta tiene que decidir”. El tema es la encrucijada de México ante su futuro próximo. La presidenta tiene una decisión trascendental que deberá tomar. La petición de Estados Unidos de iniciar el procedimiento de extradición del ex gobernador Rubén Rocha Moya coloca a la presidenta en el dilema central de su sexenio: ¿gobernar para Morena o gobernar para México?
Andrés Manuel López Obrador gobernó exclusivamente para Morena, no para México. Prueba de ello es que privilegió la estrategia del enfrentamiento y la polarización social y política de la sociedad mexicana. Fomentó el odio como su vía preferida para consolidar el poder y justificar la destrucción del andamiaje institucional republicano de México. Gobernó al país favoreciendo la división.
Construyó un poder paralelo al Estado mexicano, con poderío militar y fuerza económica, para avanzar en la consolidación de un proyecto político fuera del orden constitucional. Los acuerdos con el narcotráfico eran una parte fundamental de ese nuevo “orden constitucional”. AMLO proponía la destrucción de los cimientos de la vida republicana de México. Pero tenía que hacerlo a hurtadillas: siendo esencialmente un ser perverso, le era natural esa conducta.
El plan que ideó al final de su sexenio definió el programa de gobierno de Sheinbaum. Propuso capturar el Poder Judicial, colonizar al INE y al Tribunal Federal Electoral (TEPJF), completar la desaparición de los órganos autónomos, mantener sus obras prioritarias, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el AIFA y consolidar la alianza internacional con los adversarios a Estados Unidos.
La presidenta ha aplicado a pie juntillas el programa que le dejó López Obrador. Incluso en materia de seguridad, Sheinbaum, en su combo con García Harfuch, se ha dedicado a combatir a la delincuencia territorial, no la política ni la de cuello blanco. Caen líderes locales, pero se cuida de no afectar a los políticos e importantes empresarios ligados a actividades criminales. Aplica la política de “abrazos, no balazos con matices convenientes”.
Lo que destaca de su gestión es que Sheinbaum depende de la fuerza política de AMLO para poder gobernar. No tiene una fuerza política propia. Tiene fuerza burocrática prestada, habiendo ganado una elección que ahora, con las revelaciones recientes, parece haber sido una victoria tiznada por el poderío del crimen organizado.
Así que Sheinbaum reina con un poder político prestado y con un programa previamente definido. Los puntos del “Plan C” de López Obrador es el programa que aplica Sheinbaum. Para que ese “programa” tenga éxito, Sheinbaum también está obligada a gobernar como gobernó AMLO: para Morena, no para México.
Y así lo ha hecho Sheinbaum hasta ahora. Ha sido fiel al mandato de origen. Aplicó los acordeones para ganar el control absoluto sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos sus integrantes son fieles a un sólo partido: Morena. Ni siquiera la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son fieles al partido y la voz que manda: lo que no se sabe a ciencia cierta es si esa voz pertenece a Palacio Nacional o a Palenque.
Colonizó al INE con adeptos repartidos entre fuerzas, donde la presidenta pudo colocar a uno de los suyos. Los otros dos responden a otras voces y mandatos. El representante de la presidenta es una broma de mal gusto, pero defiende los colores de Palacio Nacional.
Terminó eliminando todo asomo de vigilancia y rendición de cuentas independiente. Integró las funciones de los órganos autónomos a oficinas oficiales, subordinadas administrativamente a mandos superiores que responden a la presidenta, en última instancia. El flujo de información que sale de oficinas públicas a petición ciudadana se ha reducido en un 80%.
En el terreno político, y de política exterior, se sumó totalmente a la política de aliarse con los adversarios de Washington. Con la excepción de una situación relevante. No ha querido reunirse con Trump en la Casa Blanca. AMLO se reunió con él y exhortó a los mexicoamericanos a votar por él en la elección presidencial.
Como Sheinbaum no ha querido reunirse con él, Trump dice que ella tiene miedo, aunque él contextualiza su comentario diciendo que Sheinbaum le tiene miedo al narcotráfico. Pero lo más probable es que Sheinbaum tiene varias fobias enfrente que le causan miedo: Trump, AMLO, Morena, la oposición y el narcotráfico.
Todo lo anterior fue antes de los indictments al gobernador Rocha y sus socios-en-crimen. Ahora todo ha cambiado. El gobierno de Sheinbaum y el partido Morena están colocados en la ruta jurídica de ser definidos como “narcoterroristas”, según la categorización hecha unilateralmente por la justicia estadounidense. La negativa de Sheinbaum a proceder contra Rocha conforme a lo indicado por el convenio de extradición bilateral entre México y Estados Unidos ha colocado a los dos gobiernos en una ruta de colisión.
Se niega a detener a Rocha y socios, para efectos de evaluar la factibilidad de su extradición, bajo argumentos leguleyos y nacionalistas que no corresponden al momento histórico de la relación. Esgrimir “soberanía” con los altos niveles de integración económicas, sociales y culturales parecería un sinsentido. Y señala la distante relación entre dos gobernantes que ya no se comunican adecuadamente.
Dada la algidez y grado de conflictividad presente, lo adecuado sería que Sheinbaum se trasladará inmediatamente a Washington para resolver la situación, con diálogo y con una oferta de opciones viables para atender la severa desconexión existente. Pero no lo hará porque no quiere comprometerse a nada con Trump.
La presidenta se ve cada vez más descompuesta y fuera de sí en su conducta pública. Se reporta que la privada es aún más llamativa la descomposición. Lo que ha hecho es adoptar las tácticas más sanguinarias de AMLO en su trato con distintos sectores de mexicanos.
Critica personalmente a periodistas con burlas, sorna y revelación de sus datos personales. Lanza una investigación ministerial de la FGR contra una gobernadora de oposición, aunque resguarda con algodones a su gobernador con licencia de Sinaloa. Anuncia una conspiración internacional contra su gobierno y responde con una ley para anular elecciones cuando éstas le sean desfavorables. Y considera a todo aquel que ose criticar a su gobierno como un traidor a la Patria y, en consecuencia, punible legalmente. Básicamente pretende convertir a la crítica antigubernamental en un delito penal.
Las medidas legislativas tienen un sólo propósito. Pretenden intimidar a la sociedad para que no actúe en su contra.
Lo que subyace en la radicalización de la presidenta y su retórica es el temor a que Morena pudiera retroceder significativamente en las próximas elecciones. Ha calado hondamente en el estado de ánimo nacional la acción judicial de Estados Unidos en contra de Rocha, y ha afianzado la percepción pública de que, efectivamente, el gobierno de Morena está en una relación de asociación con el narcotráfico y no quiere hacer nada, o no puede hacer nada, para desasociarse de ese contubernio.
Los gritos de “narco presidenta” o “narco gobierno” están tocando profundamente al movimiento, como flecha al corazón. En las encuestas la presidenta está en caída libre, y a Morena le va peor. Lo niegan oficialmente, pero saben cuál es la verdad. De ahí su desesperación por crear condiciones para poder legalmente anular elecciones si fuera necesario. Morena empieza a vislumbrar la posibilidad de un voto popular de castigo severo.
Ante el espectro de más indictments en contra de líderes y funcionarios morenistas, su miedo tiene fundamento, Especialmente por un dato que duele, pero es verídico. Una mayoría de mexicanos piensan que cuando existe un indictment proveniente de Estados Unidos es porque la acusación lleva una alta probabilidad de ser cierta. Esa certeza es debido a que el propio gobierno mexicano extradita a criminales a Estados Unidos constantemente, como sucedió con la última remesa de 37 encarcelados expulsados en masa a Estados Unidos, haciendo un total de 92 extraditados en lo que va del sexenio.
¿Por qué, piensa la gente, el caso de Rocha tendría que ser diferente? Máxime cuando dos de los imputados ya se entregaron a las autoridades de Estados Unidos. El gobierno cayó en su propia trampa.
La presidenta se niega a entregar a Rocha a Estados Unidos. ¿Hasta cuándo podrá resistir la presión que viene, de afuera y de adentro? Desde adentro la presión es social, proveniente de una sociedad que juzga a Rocha como culpable, mientras que desde afuera viene de un gobierno que dice tener las pruebas de su culpabilidad.
El dilema de la presidenta es por esta encrucijada. Defender a Rocha es proteger a AMLO y sus acuerdos con el crimen organizado. Entregar a Rocha a las cortes estadounidenses es demostrarle a la sociedad mexicana que va por extirpar al crimen organizado de la vida nacional. Pero romper con AMLO es dividir al movimiento. El rictus de terror en su cara mañanera es porque no puede decidir con quién está: ¿con AMLO o con la sociedad mexicana?
POR RICARDO PASCOE PIERCE
COLABORADOR
ricardopascoe@hotmail.com
About The Author
