La clase política al banquillo -

Los cimientos del sistema político mexicano se van a sacudir. El Gobierno de Donald Trump está ajustando todos los elementos jurídicos y políticos para llevar a la “silla de los acusados” a la clase política mexicana, en un maxiproceso que nunca hemos visto en este país.

Durante meses, el Gobierno de EE. UU. ofreció a Claudia Sheinbaum que ella se encargara de enjuiciar a los políticos ligados al crimen organizado; no lo hizo y el tiempo se terminó. Estamos en el preámbulo de un «maxiproceso» judicial para impactar las estructuras de lo que se ha denominado la «mafiocracia» mexicana: un tejido donde la delincuencia organizada y los actores políticos coexisten y se protegen mutuamente, ya sea por acción directa o por omisión pasiva.

A diferencia de las administraciones estadounidenses anteriores, orientadas a priorizar la estabilidad comercial y diplomática con su socio del sur, el panorama actual revela un cambio radical de estrategia. Washington «se ha quitado los guantes de la diplomacia» y ha disparado un paquete de acusaciones que, según reportes de agencias como la DEA y comisiones del Congreso estadounidense, son apenas el «aperitivo» de una investigación mucho más profunda.

Hasta donde sabemos, el impacto de este maxiproceso no se limitará a una región específica ni a un solo grupo criminal. La red de investigación criminalística de los fiscales federales de EE. UU. apunta directamente al financiamiento sistemático de campañas electorales, abarcando a múltiples partidos políticos y no solo a Morena. Que se entienda bien: es la clase política mexicana en su conjunto la que está en la silla de los acusados.

Además, el alcance potencial de las indagatorias amenaza con llegar al círculo más cercano de la presidencia actual y de la anterior, convirtiendo las violaciones a las leyes financieras y de seguridad en territorio estadounidense en el motor de una purga política mexicana sin precedentes.

El sistema político mexicano se va a transformar por el impacto externo, tal como ocurre cuando un asteroide golpea una región y transforma su ecosistema.

La figura del «testigo colaborador» en el sistema judicial norteamericano amenaza con generar un efecto dominó entre los políticos ligados al narco. Ante la imposibilidad de que el sistema político local blinde a sus integrantes frente a cortes extranjeras, la cooperación de exfuncionarios y políticos para salvarse a sí mismos acelerará el desmantelamiento de las redes de protección del narcotráfico. Una estrategia probada, porque provoca desconfianza, miedo y división entre los grupos criminales.

Para la Presidencia de México, el tiempo de la diplomacia dilatoria y la exigencia de pruebas parece haberse agotado. Con expedientes robustos y detenciones clave ya ejecutadas, el margen de maniobra de la administración actual se reduce a dos opciones: mantener una postura “soberanista” —que la opinión pública internacional ya interpreta como una defensa del viejo régimen mafioso— o asumir un liderazgo histórico que valide y colabore de manera activa con las investigaciones.

Si México no activa causas independientes y mecanismos bilaterales de coordinación —siguiendo precedentes como la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada—, la medicina contra la corrupción de Estado seguirá aplicándose desde el extranjero.

México se encuentra en un momento de quiebre. El juicio que se cocina en las cortes del norte no solo juzgará a individuos particulares; pondrá a prueba un sistema político entero. Solo los políticos o ciudadanos visionarios podrán entender la sacudida que hoy vivimos y encaminar sus pasos más allá de la explosión del régimen, para surfear la ola de las adversidades que están ya en marcha con toda su fuerza.