Nuevas formas de transformación del sistema de salud: Cesar Arenas -

De acuerdo con el gobierno federal, México dio hace unas semanas un “paso histórico” en materia de salud con la puesta en marcha del denominado sistema universal de salud. No obstante, sin cambios relevantes en nivel de gasto sanitario, el fortalecimiento de las capacidades institucionales o la mejora de las condiciones laborales del personal médico, la medida parece estar más orientada a una reorganización administrativa que a una expansión real de capacidades.

Mientras tanto, continúan las protestas del personal médico en distintas partes del país. En Veracruz, trabajadores reclamaron el pago de prestaciones, regularización de plazas y nombramientos atrasados (El Universal, 20 de abril). En Oaxaca, personal médico denunció la falta de especialistas para dar atención en el Hospital de la Mujer y la Niñez. A ello se suman protestas de trabajadores jubilados por la falta de medicamentos (El Universal, 7 de mayo).

Las protestas de los trabajadores de la salud y su sindicato, llevan varios años sin resolver y todo indica que continuarán. Hasta ahora, el gobierno no ha mostrado intención de atender los conflictos derivados de la transición al IMSS-Bienestar, particularmente en materia de homologación de sueldos, prestaciones, jornadas laborales y reconocimiento de derechos de antigüedad. El resultado es una mayor presión sobre un sistema que ya opera con déficits de eficiencia y capacidad de atención.

En contraste, ciudadanos del estado de California, Estados Unidos, impulsaron una movilización con un enfoque distinto (La Jornada, 26 de abril). En lugar de centrar exclusivamente en el gobierno federal la solución a la actual crisis sanitaria, iniciaron un proceso de atención desde el ámbito local.

De acuerdo con información publicada recientemente, más de 1.5 millones de personas respaldaron una petición para someter a referéndum una propuesta de ley que obligaría a los multimillonarios del estado a pagar un impuesto destinado a financiar el sistema público de salud (https://billionairetaxnow.org/).

La Ley propone un impuesto de emergencia único sobre grandes fortunas para financiar el Medi-Cal, ampliar la asistencia alimentaria y apoyar la educación pública. La iniciativa surge como respuesta a los recortes sanitarios de la administración Trump, que están comenzando a generar el colapso de los hospitales locales, clínicas y los servicios de atención domiciliaria, especialmente para sectores más vulnerables.

Se estima que 3.4 millones de personas podrían perder su cobertura médica y que 400 mil no podrían cubrir los aumentos de las primas de seguros privados. Además, alrededor de 145 mil trabajadores del sector salud perderían su empleo ante el cierre de decenas de hospitales y clínicas en California. Desde marzo, distintos establecimientos comenzaron a despedir trabajadores y suspender servicios.

El referendum se realizará en noviembre de 2026, por lo que se anticipa una intensa reacción política contra la propuesta en los próximos meses, así como posibles amenazas de multimillonarios que intentarán retirar sus inversiones del estado.

La movilización en las calles, las denuncias en medios de comunicación, el cierre simbólico de oficinas y vialidades, así como los paros de brazos caídos, parecen ser mecanismos insuficientes para transformar las condiciones del sistema sanitario mexicano. La búsqueda de mejores salarios, pago de prestaciones, equipo médico, personal especializado, y abastecimiento de medicamentos, requiere nuevas formas de organización.

La experiencia de California muestra que la construcción de alianzas entre la ciudadanía, usuarios de los servicios de salud, trabajadores, actores sociales y políticos afines, puede convertirse en una nueva forma de presión social con capacidad de transformación por la vía legal, pacífica y democrática.