El caso Rocha y las elecciones 2027
La denuncia estadounidense describe con detalle minucioso la operación electoral que coordinaron Morena y el Cártel de Sinaloa para que Rubén Rocha fuera gobernador
El caso de la denuncia estadounidense contra Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, abre muchas incógnitas. La más sorprendente e importante se refiere a su efecto sobre la estrategia electoral de Morena en las elecciones del 2027.
¿Morena aplicará en el 2027 la estrategia descrita en el requerimiento estadounidense, utilizando a pistoleros del cártel para secuestrar a operadores de la oposición y para intimidar y obligar a los ciudadanos a que voten por el candidato oficialista para ganar la elección?
Otras incógnitas son las que exigen respuestas inmediatas. ¿Cuál será la decisión que tome el gobierno de México ante la petición de que Rocha y otros nueve imputados sean detenidos preventivamente? ¿Cómo responde a la acusación de la presunta asociación entre Morena, el gobierno estatal, sus fiscalías y policías estatales con el Cártel de Sinaloay la protección al trasiego de droga hacia Estados Unidos? ¿Finalmente, serán extraditados los imputados? Por lo pronto, tanto Rocha como el alcalde de Culiacán ya pidieron licencias a sus cargos, manteniendo el fuero legal.
La denuncia estadounidense describe con detalle minucioso la operación electoral que coordinaron Morena y el Cártel de Sinaloa para que Rubén Rocha fuera gobernador. La descripción es escalofriante. Coincide con lo que la oposición política denunció en Sinaloa en el momento mismo de la elección, en 2021.
Las denuncias señalaron el secuestro de más de mil operadores de los partidos de oposición, la presencia de hombres armados en las casillas para indicarle a los ciudadanos por quién votar, el robo de urnas y la policía en función de contener las protestas ciudadanas que hubo contra el fraude.
Los órganos electorales y de las fiscalías tenían la instrucción de no recibir las protestas legales y los reclamos de anulación de las casillas retacadas de votos falsos y de las casillas robadas, pero reportadas como casillas zapato. El operativo de imposición y fraude, con terror incluído, fue impresionante.
López Obrador, Morena y los órganos electorales ignoraron, en 2021, las denuncias de la oposición. Hoy reaccionan al reclamo estadounidense, indignados y alegando “soberanía”.
Si la fiscalía de delitos electorales, colonizada por Morena, estudiara los casos denunciados, se escucharía el mismo relato de la vinculación entre el crimen organizado con operadores y los candidatos de Morena en Michoacán, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Tamaulipas, Sonora, Baja California, Baja California Sur. Veremos si reaccionan ante posibles nuevos reclamos estadounidenses.
Sinaloa es el laboratorio que confirma la regla y la eficacia de la asociación entre el crimen organizado y Morena para las dos etapas de la cooptación del poder. La primera etapa consiste en el trabajo conjunto y coordinado para ganar la elección, entre partido y crimen organizado.
La segunda etapa consiste en la concreción de los compromisos de compartir el poder, nombrando personajes en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial estatales que responden a ambos amos: Morena y el Cártel de Sinaloa. Señalar la “narcopolítica” es reconocer ésta relación simbiótica entre partido, gobierno y narcotráfico.
Ese mismo binomio criminal existe en una veintena de estados de la República. Lo que esto indica es que la asociación entre Morena y el crimen organizado es estructural e imposible de erradicar simplemente con la derrota electoral del oficialismo. La razón es obvia: en los hechos, una relación estructural que mantiene Morena con el crimen organizado es, por definición, una asociación que rechaza categóricamente la posibilidad de la alternancia.
En esencia, la decisión de Morena de gobernar junto con la delincuencia organizada alteró por completo las reglas democráticas de México, soterradamente y en secreto. La consecuencia inmediata de ese pacto criminal es que tiene que imponerse en las elecciones; la derrota no es opción. Por eso la presidenta afirmó “la oposición (la derecha) es odio”. Ella considera que esa narrativa justifica que no haya tolerancia con opositores. La presidenta se radicalizó: no habrá extradición y no se tolerarán disensos internos en México.
Esa es la narrativa “ideológica” para justificar el maridaje Morena-narcotráfico. Es parecido al discurso de los generales argentinos para justificar un golpe de Estado.
En consecuencia, el imperativo morenista en las próximas elecciones es ganar, imponiéndose. Eso es precisamente lo que está preparando Morena con los cambios en la dirección del partido y en el gobierno. Prepara la maquinaria para ganar obligatoriamente la mayoría calificada en el 2027.
El ejemplo de Morena en Sinaloa es lo que se quiere repetir en el 2027. Van a utilizar a los beneficiarios de los programas sociales (de ahí el rol de Ariadna Montiel, ex secretario de Bienestar como nueva presidenta del partido) como pretexto para justificar la operación de las células del crimen organizado para obligar a que los beneficiarios salgan a votar por Morena.
Ya se vio esa obligatoriedad en las elecciones de revocación de AMLO en el 2022 y judicial de 2025. Los beneficiarios de los programas sociales NO quieren salir a votar masivamente y cuando lo hacen, es sin entusiasmo, pero están presionados por los servidores de la nación y los sicarios del crimen organizado.
Votaron para refrendar a AMLO unas 15 millones de personas (17% del padrón electoral), y para el Poder Judicial, unas 13 millones (12% del padrón electoral). Considerando que para finales del 2026 el número de beneficiarios de apoyos sociales serán unas 42,9 millones de personas, sólo el 30%-40% de ellos acuden a las urnas.
En la elección presidencial de 2024 votaron 60 millones de personas, siendo el 61% del padrón. Una elección general puede movilizar casi 4 veces más votantes que las elecciones “extraordinarias”. Pero esas elecciones extraordinarias son importantes porque reflejan la verdadera capacidad de movilización de los beneficiarios de los programas sociales del gobierno.
Se confirma una capacidad reducida y se necesita, para ganar, una movilización mucho mayor en la elección constitucional. Eso le otorga más importancia y peso al combo Morena-crimen organizado para la movilización de electores controlados por ellos en el 2027.
La nueva dirección de Morena, con Montiel y su padrón de beneficiarios como pretexto, hará lo posible por mover al mayor número posible de esos 42 millones de beneficiarios de los programas sociales a favor suyo. Obligadamente va a requerir el incentivo que ofrece la presencia del crimen organizado en zonas claves, especialmente para aquellos que dudan en votar. Para acabar con las dudas, ahí estará el cañón del fusil. La consigna de Morena para la elección de 2027 es “obligar a todos los beneficiarios de los programas sociales a votar por Morena”.
Es pertinente recordar que la política de “abrazos, no balazos” tenía dos prioridades: permitir la ampliación territorial del crimen organizado para acrecentar su negocio y, por otro lado, esa territorialidad ampliada sirve a Morena para extender su capacidad de movilización electoral.
La imputación estadounidense a Rocha y nueve coacusados ha abierto una crisis profunda en Morena. De ahí la reunión de emergencia en Palenque, lo que confirma el liderazgo de López Obrador sobre Sheinbaum. La presidenta calificó la imputación estadounidense de “política”.
En consecuencia, ella asume que es una acusación a Morena, a AMLO y al sistema político impuesto a México por ella misma y su movimiento.
Morena, en su reestructura, se prepara para la guerra. El capitán del navío es López Obrador. La crisis desatada por Estados Unidos, Rocha y Sinaloa es de onda larga en Morena, que empieza hoy, seguirá provocando olas y explotará en las elecciones del 2027.
POR RICARDO PASCOE
COLABORADOR
ricardopascoe@hotmail.com
@rpascoep
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