Rubén Rocha Moya pide licencia en Sinaloa

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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia al Congreso estatal para separarse del cargo, en medio de una acusación presentada por autoridades de Estados Unidos que lo vincula, junto con otros funcionarios, con el tráfico de drogas y armas en favor del grupo criminal conocido como “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

En un mensaje difundido en video, el mandatario señaló que su decisión busca evitar que su permanencia en el cargo afecte al movimiento político al que pertenece. “No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento…”, expresó, al tiempo que informó haber presentado formalmente la solicitud de licencia ante el Congreso local.

Acusación en Nueva York

La solicitud ocurre tras una acusación presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en la que se señala a Rocha Moya y a otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntamente colaborar con el crimen organizado.

De acuerdo con el expediente, entre los implicados figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez, así como exfuncionarios de seguridad, procuración de justicia y administración pública. Las autoridades estadounidenses sostienen que estos actores habrían facilitado operaciones delictivas, protegido cargamentos de droga y compartido información sensible con el cártel.

La acusación detalla que los implicados habrían participado en una red para exportar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de recibir millones de dólares provenientes del narcotráfico.

Vínculos con “Los Chapitos”

El documento judicial señala que los funcionarios habrían colaborado principalmente con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, hijos de Joaquín Guzmán Loera.

Según la acusación, esta relación habría permitido al grupo criminal operar con protección institucional, evitando investigaciones y acciones judiciales, además de garantizar el tránsito de droga hacia territorio estadounidense.

Contexto: presión bilateral y crisis de seguridad

El caso se da en un contexto de creciente presión del gobierno de Estados Unidos sobre México por el tráfico de fentanilo, una droga sintética que ha provocado una crisis de salud pública en ese país. En los últimos años, Washington ha intensificado las investigaciones contra redes criminales mexicanas y sus posibles vínculos con autoridades locales.

Para México, el señalamiento de funcionarios en activo representa un golpe político e institucional, particularmente en estados como Sinaloa, históricamente asociados a la operación del narcotráfico. Además, revive el debate sobre la penetración del crimen organizado en estructuras de gobierno y las limitaciones del Estado para combatirlo.

La solicitud de licencia de Rocha Moya abre ahora un escenario de incertidumbre política en Sinaloa, donde el Congreso estatal deberá definir su situación jurídica y política, mientras avanzan —o no— los procesos judiciales en Estados Unidos

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