Por Teresa Sepúlveda
La reciente reforma judicial en México, aprobada en septiembre de 2024, marcó un hito al introducir la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, con el objetivo de democratizar el sistema y combatir la corrupción.
Sin embargo, este proceso, que culminó en las elecciones extraordinarias del 1 de junio de 2025, ha generado controversias debido a casos de candidatos que, según denuncias, no cumplieron con los requisitos establecidos por la Constitución y las leyes aplicables.
De acuerdo con la reforma judicial y las convocatorias emitidas, los requisitos para ser candidato a cargos judiciales incluyen:
- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos.
- Contar con un título de licenciatura en Derecho, con un promedio general mínimo de 8 y de 9 en materias relacionadas con el cargo al que se postulan.
- Tener al menos cinco años de experiencia profesional en el ejercicio de la abogacía (tres años en áreas específicas para magistrados).
- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delitos dolosos con sanción privativa de la libertad, ni por delitos de violencia de género o familiar.
- Presentar documentos como certificado de estudios, constancia de no deudor alimentario, currículum vitae, cinco cartas de recomendación y un ensayo justificando la postulación.
Estos requisitos buscaban garantizar que los candidatos tuvieran la preparación técnica y la probidad necesarias para desempeñar cargos judiciales.
A pesar de los filtros establecidos, diversos reportes han señalado que algunos candidatos no cumplieron con los requisitos, lo que desató críticas sobre la integridad del proceso. Algunos ejemplos destacados incluyen:
- Candidatos con antecedentes penales:
- Leopoldo Javier Chávez Vargas, candidato a juez federal en Durango, fue detenido en 2015 en Laredo, Texas, por tráfico de metanfetaminas y cumplió casi seis años de prisión en Estados Unidos. Aunque reconoció su pasado, su candidatura generó controversia debido al requisito constitucional de “buena reputación”.
- Jesús Humberto Padilla Briones, aspirante a juez penal en Nuevo León, fue detenido en 2023 por tráfico de metanfetaminas y portación ilegal de arma, según documentos judiciales.
- Organizaciones como Defensorxs identificaron al menos 20 candidatos con antecedentes penales, acusaciones de corrupción o presuntos vínculos con el crimen organizado.
- Candidatos con vínculos cuestionables:
- Silvia Delgado, exabogada defensora de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se postuló como candidata a jueza penal en Ciudad Juárez. Su participación levantó preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y su idoneidad para el cargo.
- Otros candidatos fueron señalados por presuntos nexos con cárteles o por haber favorecido a grupos criminales, según cartas enviadas por el Congreso al Instituto Nacional Electoral (INE) solicitando la exclusión de 18 aspirantes por no cumplir con el requisito de “buena reputación”.
- Falta de calificaciones académicas:
- El INE anuló 37 candidaturas tras constatar que no cumplieron con los promedios mínimos de calificación (8 en Derecho y 9 en la especialidad), lo que evidencia fallos en la revisión inicial de los comités de evaluación.
- Un caso destacado fue el del Lic. Jorge Manuel, señalado en una conferencia matutina como un candidato que no cumplió con los requisitos de elegibilidad, pero que inicialmente fue incluido en la lista de elegibles del Comité de Evaluación del Poder Legislativo.
- Candidatos sin experiencia suficiente:
- La reforma redujo significativamente los requisitos de experiencia en comparación con el sistema anterior, donde llegar a juez o magistrado requería en promedio 16 a 19 años de carrera judicial. Ahora, solo se exigen cinco años de práctica en abogacía, lo que permitió la postulación de personas con menor preparación técnica.
Causas del incumplimiento
- Filtros insuficientes en los comités de evaluación: Los comités técnicos, integrados por expertos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no aplicaron criterios uniformes. Mientras el Poder Judicial mantuvo un enfoque riguroso con exámenes escritos, los comités del Ejecutivo y el Congreso fueron criticados por emplear filtros menos estrictos, permitiendo la inclusión de candidatos cuestionables.
- Interferencias políticas: La supermayoría del partido Morena en el Congreso y su influencia en los comités de selección generaron acusaciones de favoritismo hacia candidatos afines al oficialismo, lo que comprometió la imparcialidad del proceso.
- Falta de transparencia: Organizaciones civiles denunciaron que los sorteos para depurar listas de candidatos y la falta de cumplimiento de resoluciones judiciales afectaron la legitimidad del proceso.
- Baja participación ciudadana: Con una participación estimada entre el 16% y el 23%, y un 47% de indecisos días antes de la elección, el proceso reflejó un desconocimiento generalizado sobre los candidatos, lo que pudo facilitar la elección de aspirantes no idóneos.
Consecuencias
- Pérdida de confianza en el Poder Judicial: La inclusión de candidatos con antecedentes penales o cuestionables erosionó la credibilidad del sistema judicial, reforzando las críticas de que la reforma podría politizar la justicia.
- Riesgo de influencia del crimen organizado: La presencia de candidatos con presuntos vínculos con cárteles generó temores sobre la infiltración del crimen en el Poder Judicial.
- Falta de experiencia técnica: La elección de candidatos con menor experiencia, en comparación con el sistema anterior de carrera judicial, podría generar una “curva de aprendizaje empinada”, afectando la calidad de las resoluciones judiciales.
- Impugnaciones legales: El INE y la Suprema Corte enfrentaron impugnaciones derivadas del proceso, con un plazo hasta el 28 de agosto de 2025 para resolverlas, lo que refleja la controversia en torno a la legitimidad de las candidaturas.
Soluciones propuestas
- Fortalecer los comités de evaluación: Establecer criterios uniformes y rigurosos para todos los comités, con mayor transparencia en la selección y evaluación de candidatos.
- Mayor supervisión del INE: Reforzar el papel del INE en la fiscalización de candidaturas para garantizar el cumplimiento de requisitos constitucionales.
- Capacitación obligatoria: Implementar programas de formación para los nuevos jueces y magistrados, especialmente aquellos con menor experiencia.
- Participación ciudadana informada: Mejorar la difusión de información sobre los candidatos a través de plataformas como el portal “Conóceles” del INE, para que los electores tomen decisiones más conscientes.
- Independencia judicial: Garantizar que los comités de selección estén libres de influencias políticas, promoviendo la participación de expertos independientes.
La elección de jueces y magistrados en México en 2025 representó un cambio sin precedentes en el sistema judicial, pero la inclusión de candidatos que no cumplieron con los requisitos constitucionales ha generado serias dudas sobre su eficacia.
Casos como los de Leopoldo Chávez, Silvia Delgado y otros, reflejan fallos en los procesos de selección y evaluación, exacerbados por interferencias políticas y una baja participación ciudadana.
Para consolidar un Poder Judicial independiente, humano y cercano a la gente, como lo plantea la reforma, es crucial fortalecer los mecanismos de selección, garantizar la transparencia y priorizar la idoneidad técnica y ética de los candidatos. Solo así se podrá restaurar la confianza en la justicia mexicana.
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