Maru Campos dice que reafirmó coordinación con Harfuch

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó a través de sus redes sociales sobre una reunión con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, con el objetivo de reforzar la coordinación en materia de seguridad entre los distintos órdenes de gobierno.

En su mensaje, la mandataria estatal subrayó que en Chihuahua existe el reconocimiento de que la colaboración institucional es clave para obtener mejores resultados, particularmente en un contexto donde la seguridad se mantiene como una de las principales demandas ciudadanas.

Campos Galván destacó que su administración continuará fortaleciendo el trabajo conjunto con el Gobierno Federal mediante el diálogo, la confianza y la responsabilidad institucional, al tiempo que enfatizó la defensa de la soberanía e integridad del país como ejes fundamentales de esta coordinación.

“La seguridad de nuestras familias seguirá siendo nuestra prioridad”, expresó la gobernadora, reiterando su compromiso con la protección de la población chihuahuense.

El encuentro ocurre en un momento en el que la coordinación en seguridad entre federación y estados ha cobrado relevancia, especialmente ante los retos que enfrenta la región en materia de violencia y crimen organizado.

El caso de los dos agentes estadounidenses fallecidos en Chihuahua se inserta en un contexto delicado de cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, marcado por límites legales, desconfianza y presión bilateral para combatir al crimen organizado.

De acuerdo con la información pública, los agentes murieron en un accidente carretero junto con autoridades mexicanas, presuntamente después de participar o estar vinculados a un operativo contra laboratorios clandestinos. A partir de ahí surge la controversia.

El punto clave no es solo el accidente, sino las versiones contradictorias:

A nivel federal se señaló inicialmente que no se tenía conocimiento de la participación de agentes de EE.UU.
Autoridades locales indicaron que sí estaban relacionados con un operativo conjunto.

Esto abre varias preguntas de fondo.

Primero, el tema legal: en México, agentes extranjeros no pueden realizar operativos directos. Su actuación está limitada a tareas como intercambio de información y debe estar sujeta a reglas claras. Si hubo participación más activa, se cuestiona si se respetaron esos límites.

Segundo, la coordinación institucional: el caso evidencia posibles fallas en la comunicación entre niveles de gobierno (federal, estatal) y con EE.UU., lo que es especialmente grave en temas de seguridad.

Tercero, el contexto bilateral: la presión de Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas —particularmente fentanilo— ha llevado a una cooperación más intensa, pero también más sensible políticamente en México, donde cualquier señal de injerencia extranjera genera reacción.

Por eso, el caso no es aislado. Refleja un problema más amplio:
cómo colaborar estrechamente en seguridad sin cruzar líneas de soberanía ni generar opacidad en las operaciones.

En síntesis, los dos agentes se vuelven el centro de un debate mayor: no solo qué ocurrió en ese operativo, sino qué tan clara, legal y transparente es hoy la cooperación en seguridad entre ambos países.