Gobernar contra el crecimiento: Vidal Garza

Vidal Garza Cantú
Publicado en El Norte Sábado 28 de marzo de 2026

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El crecimiento económico no se decreta ni aparece por insistencia retórica. Ocurre cuando existen reglas claras, instituciones fuertes y un entorno donde invertir es una evaluación racional de riesgos, no un acto de fe. Hoy, México -y Nuevo León- vive una contradicción: se gobierna como si el crecimiento fuera sospechoso o políticamente incómodo.

Durante años se creyó que el desarrollo podía imponerse desde el control y la ideología. La evidencia dice lo contrario: tras más de siete años de políticas adversas al sector productivo, el principal freno no es la falta de programas, sino la pérdida de confianza. Sin confianza, la inversión se frena, el empleo se estanca y la prosperidad es solo discurso.

La experiencia internacional es clara. Corea del Sur, India o Vietnam crecieron no porque el Estado desplazara al mercado, sino porque garantizó certidumbre, protegió contratos y redujo la discrecionalidad política. El crecimiento fue consecuencia de instituciones creíbles, no de discursos. México decidió ignorar esa lección.

Hoy se promete llevar la inversión al 30 por ciento del PIB con el «Plan México», pero al cierre de 2025 apenas superaba el 21 por ciento. Esa brecha no es técnica, sino institucional. Y no se cerrará con anuncios, sino cuando el inversionista deje de preguntarse si mañana cambiarán las reglas, si un contrato será respetado y pagado o si una decisión política puede borrar años de capital y planeación.

La erosión de la confianza es concreta: cancelaciones de proyectos en marcha, reformas que destruyen confianza del sector energético y laboral, presión fiscal discrecional, aniquilación de órganos autónomos y contrapesos constitucionales, un discurso que retrata al empresario como enemigo y creciente concentración de decisiones públicas bajo esquemas obscuros repletos de corrupción.

El daño más profundo es institucional. Sin contrapesos ni certidumbre jurídica, el efecto no se mide en debates políticos, sino en inversiones que nunca llegan. Un Poder Judicial politizado no ofrece certidumbre jurídica. El capital se repliega. No se va por ideología, se va porque no puede calcular riesgos.

A esto se suman Gobiernos que privilegian la lealtad sobre la capacidad. Sustituir mérito por obediencia tiene un costo directo: malas decisiones, discrecionalidad y errores sin corrección. Hoy abundan políticos ineptos en responsabilidades enormes, y el costo lo paga el crecimiento.

Nuevo León no es inmune y hoy enfrenta mayores costos institucionales: regulación discrecional, trámites innecesarios e inspecciones recaudatorias. Las empresas compiten no solo en mercados globales, sino contra su propio entorno burocrático. La certidumbre, antes ventaja clave en NL, se ha deteriorado.

El problema no es coyuntural ni ideológico, sino institucional. México ha debilitado su arquitectura de confianza. Reconstruirla exige decisiones incómodas: respetar contratos, garantizar estabilidad regulatoria, fortalecer al Poder Judicial y a los organismos autónomos, profesionalizar la administración pública y abandonar la confrontación con el sector productivo.

También debe revisarse la Ley de Fomento a la Inversión en Infraestructura Estratégica. Concentrar decisiones en un órgano dominado por el Ejecutivo, sin contrapesos ni evaluaciones independientes, introduce discrecionalidad que ahuyenta la inversión. La colaboración pública privada requiere reglas claras, transparencia y certidumbre.

Finalmente, hay una dimensión política clave: las instituciones deben servir a mayorías y minorías. Si las reglas perpetúan el poder de una mayoría, se erosiona la confianza y con ella, el crecimiento sostenible.

México no necesita promesas de crecimiento. Necesita reglas que se respeten e instituciones que funcionen. Nuevo León puede ser punta de lanza en esa corrección, pero el tiempo apremia: la confianza tarda años en construirse y se pierde en meses. Gobernar ignorándolo es gobernar contra el crecimiento.

vidalgarza@yahoo.com