El 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) presentó su decisión conforme al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, de llevar a la Asamblea General de la ONU con carácter urgente la situación de las desapariciones en México, para adoptar medidas que apoyen a nuestro país a prevenir, sancionar, investigar y erradicar dichas desapariciones.
Al analizar la Convención de 45 artículos ratificada por 183 Estados, México inclusive, que entró en vigor en 2008, así como el informe del Comité, se concluye que, para quien sepa leer el lenguaje diplomático, se estaba ante la crónica de una decisión anunciada.
La Convención tipifica la desaparición forzada, la definición de víctima que incluye no solo a la persona desaparecida, sino a aquellos afectados por la desaparición. Señala que se puede configurar el crimen de lesa humanidad al existir una práctica generalizada y sostenida de desapariciones. Especifica los derechos de las víctimas a conocer la verdad, acceder a la justicia y a recibir reparación, y establece obligaciones precisas a los Estados como tipificar como delito la desaparición y establecer registros oficiales de desaparecidos. Su fin es erradicar la impunidad.
Desde su entrada en vigor, sucesivos gobiernos mexicanos presentaron los informes que mandata la Convención y hubo informes del Comité sobre sus interacciones con el gobierno mexicano, las víctimas y la sociedad civil.
En 2015, en el gobierno de Peña Nieto, el CED señaló que había un contexto de desapariciones generalizado y problemas en la creación de un registro único de desaparecidos. En 2018/2019, al inicio del gobierno de López Obrador, lamentó que “se mantuviera” la situación de desaparecidos en gran parte del territorio y que imperaran la impunidad y la revictimización. Subrayó “falta de avance efectivo” y reconoció la instalación de la Comisión Nacional de Búsqueda y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
En 2021, la CED -tras visitar México-, apareció en su informe la referencia al papel de las autoridades locales en las desapariciones y la interacción entre algunos servidores públicos y grupos criminales. Subrayó que solo se judicializaban entre 2 y 6% de los casos y que había testimonios de desapariciones “atribuidas a fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales; así como a empresas de seguridad privada y a grupos delictivos que actuaban con la aquiescencia de funcionarios en los tres niveles de gobierno”.
En 2023, reiteró las recomendaciones de años anteriores, subrayó su falta de implementación y destacó el alarmante número de desapariciones registradas, la deficiente investigación y la continuidad de una impunidad casi absoluta”.
Se veía venir. La débil contra argumentación jurídica del gobierno mexicano no podía negar la realidad. Hay que aceptar la cooperación internacional.
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