El segundo gobierno de Trump cuenta con más recursos para continuar el muro, sin importarle los impactos ambientales, económicos, sociales, culturales y de la relación con México.

El gobierno de Trump ha reanudado la construcción del infame muro fronterizo entre México y EU ante la escasa reacción en EU y la nula oposición del gobierno mexicano

El muro inició en 1990, cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) instaló 22 kms de barreras para frenar a migrantes y drogas en la zona de San Diego. Continuó la edificación en 2005, 2006 y 2011. Se destinaron 2 mil 500 millones de dólares para ampliar el muro en 1,367 kms.

En la primera administración Trump el muro se convirtió en una premisa central de la seguridad fronteriza. Se destinaron cerca de 11,1 mil millones de dólares para construir 442 kms adicionales y sustituir viejas vallas. Al final, los kilómetros construidos fueron menores, debido a las demandas legales en EU en contra del muro, tanto por propietarios de terrenos -en particular en Texas, donde la mayor parte de las tierras fronterizas son propiedad privada- como por organizaciones de la sociedad civil y del propio gobierno de México a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

El segundo gobierno de Trump cuenta con más recursos para continuar el muro, sin importarle los impactos ambientales, económicos, sociales, culturales y de la relación con México.

La ley OBBBA (One Big Beautiful Bill Act) de 2025 autorizó 46,5 mil millones de dólares a la construcción del muro, 4 veces más de lo destinado anteriormente. En las últimas semanas se ha registrado actividad frenética en zonas fronterizas particularmente frágiles y relevantes.

Por un lado, en la frontera Sonora-Arizona (el Valle de San Rafael en el área del parque Memorial de Coronado en Arizona), entre Nogales y Agua Prieta, cerca de la zona habitada por los Tohono O’odham o pápagos. La construcción del muro pintado de negro de más de 3 metros de alto está destruyendo montañas, cuencas medioambientales frágiles, impidiendo la circulación de fauna como jaguares. En la zona NO se registran índices de cruces irregulares, por lo que el muro no sería necesario. Los contratos se han otorgado a compañías que han financiado campañas de republicanos y de la propia Kristi Noem, ex secretaria de Seguridad Interior.

Por otra parte, se observa intensa construcción documentada por medios de EU, en la frontera de Texas con Chihuahua y Coahuila, tanto en el parque estatal de Big Bend como en el parque nacional Big Bend de EU. Nunca ha habido un muro en la zona por la propia geografía: el Río Bravo, cañones, montañas, que la hace casi intransitable para cruzarla. Del lado mexicano está el parque Ocampo. En Texas hay protestas tanto de demócratas como republicanos por violación a sus derechos de propiedad privada, daño medioambiental, afectación a los recursos acuíferos, a la biodiversidad. En la zona hay dos cruces fronterizos: el de Presidio-Ojinaga y el peatonal de Boquillas del Carmen en Coahuila conectado con el Parque Big Bend.

El gobierno de México debe protestar enérgicamente por la reanudación de la construcción al atentar contra la buena vecindad y la cooperación fronteriza, por violar tratados internacionales y afectar económica, social, cultural y medioambientalmente a las poblaciones fronterizas. 

POR MARTHA BÁRCENA

@MARTHA_BARCENA

About The Author