Las propuestas de reforma política enviadas por Morena al Congreso, sumadas a la implementación de la reforma judicial, dibujan una nueva transición política: de una Democracia Liberal de Pesos y Contrapesos (el modelo 1996-2018) hacia una Democracia de Mayoría Hegemónica.

El Retorno del Estado Centralizado 

La dirección de la transformación que pretende Morena no busca eliminar la democracia, sino redefinirla. Subidos al tren que lleva a donde “el pueblo manda y gobierna”, el régimen se desplaza de la legitimidad basada en la autonomía técnica y el pluralismo representativo, hacia una legitimidad de «mandato directo». El objetivo es la consolidación de un sistema donde la voluntad de la mayoría —encarnada en el partido gobernante— no encuentre obstáculos en órganos autónomos ni en un Poder Judicial independiente.

 Tres Pilares de la Transformación

Judicialización de la Política: Con la elección popular de jueces y magistrados, el Poder Judicial dejó de ser un contrapeso para convertirse en un reflejo del ánimo electoral del Poder Ejecutivo. La justicia se vuelve una extensión del proyecto político dominante, eliminando la capacidad de las minorías para frenar leyes mediante amparos o controversias constitucionales.

Reducción del Pluralismo Electoral: La propuesta de reforma electoral de 2026, bajo la bandera de la «austeridad», busca reducir el costo de la política, pero, en el fondo, altera las reglas de representación. Al centralizar el control en un órgano electoral más compacto y con menos dientes presupuestales, se proyecta un sistema que favorece la sobrerrepresentación de la fuerza mayoritaria, dificultando la supervivencia de una oposición fragmentada.

Ocaso de la Autonomía Institucional: La absorción de los organismos autónomos (como el INAI o la COFECE) por parte de las secretarías de Estado marcaron el fin de la «verdad técnica» frente a la «decisión política». El régimen morenista apuesta por una administración pública vertical donde la transparencia queda supeditada a las necesidades del Ejecutivo.

¿Hacia dónde vamos?

Si el siglo XX mexicano fue el de la «dictadura perfecta» capitaneado por un partido de Estado, el diseño actual apunta a un «Estado-Partido 2.0» que, a diferencia del pasado, cuenta con una base social activa y mecanismos de democracia participativa (como la revocación de mandato) que sirven para revalidar constantemente el poder central.

El riesgo es que, al debilitar los canales de mediación y los diques de contención, creando un muro ideológico, obtuso y maniqueo, definido por López Obrador en la infantil figura del “no hay medias tintas: o se apoyan la transformación o están contra ella”, el sistema de gobierno ejecuta sus actividades, pero es vulnerable hacia sus propios errores al no existir voces institucionales capaces de corregir el rumbo sin ser tachadas de «adversarias del pueblo».

Es un error no contemplar para una democracia republicana un horizonte donde la alternancia de gobierno sea posible. El siglo XX, sobre todo sus años 30 en Europa, nos enseñaron que la cultura política cimentada en semejante estilo de gobernar desemboca al final en intolerancia y exclusión sistemática de partidos minoritarios. El espacio para escuchar otros puntos de vista se cierra porque “la oposición solo sabe criticar” dice la presidenta. La acción comunicativa como producto de la riqueza de opiniones en una sociedad mexicanamente plural, se reduce a una sola narrativa, desafortunada y triste lógica del absurdo dictatorial que ahuyenta capitales y aumenta prestaciones sociales que abonan el déficit presupuestal hacendario.

Al profundizar en el estilo del régimen que se perfila con las reformas de Claudia Sheinbaum, entramos en el terreno de la visión de largo plazo el liderazgo de Morena busca consolidar para el país. El rollo oficial le llama «Humanismo Mexicano», una sociología política exprés, nos invita, a pensar en categorías más complejas:

Bonapartismo Populista

Quizás el ajuste más preciso si observamos la relación entre el Ejecutivo y las masas. El bonapartismo se caracteriza por un líder que se eleva «por encima» de las instituciones tradicionales (parlamento, jueces, partidos) apelando directamente al «pueblo» como una unidad homogénea. Toma su apodo de Luis Napoleón Bonaparte, arquitecto del primer manual del populismo autoritario moderno. Saltó de la urna al trono en la Francia de 1848–1852 y alcanzó legitimidad por el sufragio.

 La propuesta de centralizar el aparato electoral busca reducir la negociación con los partidos de oposición. El régimen se sostiene en la legitimidad carismática transferida de AMLO a Sheinbaum y en la movilización electoral constante, referéndums, revocaciones de mandato.

¿Democracia Unipartidista o sistema de Partido Hegemónico?

Más que una dictadura de partido único, como en Cuba o China, la reforma apunta a un retorno al sistema de partido hegemónico, el PRI de los años 70. Si se eliminara la representación proporcional (plurinominales), se castigaría severamente a las minorías. En un sistema de mayoría relativa pura, un partido que obtenga el 45% de los votos puede quedarse con el 80% o 90% del Congreso. Se mantiene la apariencia de competencia electoral (hay otros partidos), pero las reglas del juego están diseñadas para que la alternancia sea matemáticamente casi imposible. Una “democracia de fachada» donde el pluralismo es testimonial.

¿Bismarckismo Senil?

Este término sugiere un Estado que otorga concesiones sociales (bienestar) para desactivar la protesta política y mantener un orden autoritario. Los programas sociales elevados a rango constitucional funcionan como el seguro social de Bismarck, el canciller prusiano de la Alemania de 1880. Creaba un contrato de lealtad directa entre el ciudadano y el Estado (o el líder). Se le llama senil cuando intenta replicar glorias pasadas en un mundo globalizado y digital. Es un intento de volver al «Estado fuerte» en un momento donde la economía y la información están atomizadas.

Régimen Híbrido: ¿Autoritarismo Competitivo?

 Se celebran elecciones y no hay un fraude burdo. Sin embargo, el campo de juego está tan inclinado a favor del oficialismo (mediante el uso de recursos públicos, el control de los órganos electorales y la eliminación de contrapesos legislativos) que la oposición no tiene una oportunidad real de ganar.

No es una dictadura clásica, sino una reingeniería del Estado para asegurar que la «voluntad popular» no tenga frenos judiciales ni legislativos. Es un paso, de una democracia liberal de contrapesos a una democracia plebiscitaria de mayoría absoluta y partido único.  

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