Sí, para mí es muy claro por qué la presidente Sheinbaum insiste en impulsar una reforma electoral. La única persona que la ha solicitado de manera reiterada es el expresidente López Obrador. En efecto, el 28 de abril de 2022, AMLO, siendo presidente de la República, anunció y envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, a la que se le denominó el “Plan A”.
Posteriormente, tras las elecciones intermedias de 2022 y al no haber obtenido morena y sus aliados la mayoría calificada necesaria para aprobar reformas constitucionales, AMLO presentó una nueva propuesta de reforma electoral el 5 de febrero de 2024, conocida como el “Plan B”.
En consecuencia, es de suponerse que la reforma que hoy se impulsa —que más que electoral es política, pues pretende reconfigurar las instituciones que, con gran esfuerzo, los mexicanos hemos construido para contar con elecciones confiables y una representación adecuada de la pluralidad política del país— responde a la insistencia de AMLO por lograr que su movimiento permanezca en el poder, sin estar sujeto a las vicisitudes de una futura alternancia electoral que pudiera desplazar del gobierno a quienes hoy lo detentan.
La reforma pretende, en esencia, lo siguiente:
- Debilitar al organismo electoral, quitándole autonomía y sometiéndolo a Morena mediante la manipulación de sus órganos de gobierno, con el fin de contar con personas incondicionales al régimen que sigan los lineamientos del Ejecutivo en la administración y el arbitraje de las elecciones. Asimismo, se busca reducirle presupuesto y amputarle estructuras administrativas clave para el control de los procesos electorales (cabe mencionar que una estrategia similar ya se materializó con la colonización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación).
- Debilitar a las minorías, eliminando mecanismos que les permiten acceder a cargos de elección popular y garantizan su representación política.
- Retirar recursos públicos a los partidos políticos, lo que permitiría a Morena operar con mayor discrecionalidad en el acceso ilegal a recursos públicos, actuando con impunidad gracias al control que se ejerce sobre los organismos electorales y el Tribunal Electoral.
De manera impúdica, la presidenta conformó una “Comisión Presidencial” para presentar la reforma y simular que existe una discusión pública al respecto. Esto rompe con la tradición política mexicana, conforme a la cual toda reforma política o electoral ha sido producto de amplios consensos entre las fuerzas políticas, particularmente con la oposición.
Además, ya conocemos la forma en que el actual régimen ha procedido con las reformas que impulsa: bajo la consigna presidencial de “no le cambien ni una coma”.
Ante este escenario, la recomendación ciudadana es clara: los partidos de oposición no tienen por qué legitimar el teatro que el gobierno pretende montar para imponer esta reforma, asistiendo a comisiones y plenos legislativos. Hacerlo implicaría un grave retroceso para la República, nos conduciría nuevamente al oscurantismo del autoritarismo y sentaría las bases de una deriva dictatorial que impediría el desarrollo del país, al erosionar la confianza en el gobierno y destruir nuestras instituciones.
About The Author
