Lo ocurrido hace ocho días no se limita a un punto específico donde fuerzas federales confrontaron a operadores del crimen organizado; el despliegue de violencia se extendió de Tijuana a Quintana Roo.
La pregunta no es retórica; es una interrogante obligada en un país que, conforme pasan las horas, acumula muertos, bloqueos carreteros, suspensión de actividades educativas, financieras y productivas, a la par de evidencias de la penetración de las organizaciones delictivas en las corporaciones encargadas de combatirlas.
Lo ocurrido hace ocho días no se limita a un punto específico donde fuerzas federales confrontaron a operadores del crimen organizado; el despliegue de violencia se extendió de Tijuana a Quintana Roo. No hablamos de células aisladas, sino de estructuras capaces de desafiar al Estado mexicano en múltiples frentes y territorios.
Especialistas advierten que en semanas veremos las consecuencias de haber “descabezado a la hiedra”; sin embargo, no hay acuerdo sobre lo que sigue. Para unos, se puede desatar una guerra intestina para ocupar el vacío de liderazgo, como lo que ha sucedido en Sinaloa, y otros opinan que las condiciones son distintas y lo que viene es una fragmentación de bandas con alcances locales sin la capacidad de operación del cártel atacado.
Lo que sea es delicado; se llegó a una situación en la que las responsabilidades mínimas del Estado mexicano están en duda: garantizar la seguridad de su población.
Para entender el presente, hay que retroceder al menos al 11 de diciembre de 2006, cuando el recién investido presidente Felipe Calderón lanzó el llamado “Operativo Michoacán”. Fue el inicio formal de la estrategia que se conocería como la “guerra contra el narcotráfico”.
Venía precedida por la crispación postelectoral y acompañada posteriormente por la “Iniciativa Mérida”, un esquema de cooperación con Estados Unidos que prometía recursos, inteligencia compartida y fortalecimiento institucional.
Han pasado casi dos décadas. ¿Qué ocurrió en este trayecto? ¿Qué condiciones previas llevaron a que un presidente considerara necesario declarar una guerra interna para recuperar el control territorial? Declarar una guerra supone que está en riesgo la capacidad del Estado de ejercer el monopolio legítimo de la fuerza. Supone que la autoridad necesita confrontar para restituir el orden.
El sexenio de Peña Nieto intentó modificar la narrativa sin desmontar del todo la lógica operativa. Se habló menos de guerra; sin embargo, los indicadores no reflejaron un viraje sustantivo en la tendencia estructural del problema.
Por otra parte, desde el primer momento López Obrador se opuso a la estrategia calderonista, acusó que se trataba de la militarización del país, criticó agriamente la intervención de las Fuerzas Armadas e incluso sembró dudas sobre su proceder.
Sin embargo, ya como presidente acentuó la militarización y la extendió más allá del combate al narcotráfico, dejando en manos de las Fuerzas Armadas tareas de la mayor relevancia, desde costosas obras de infraestructura hasta administración de aduanas y aeropuertos.
Su consigna “abrazos, no balazos” sintetizó un cambio profundo en la estrategia para enfrentar al crimen organizado, un repliegue en la confrontación directa. Más allá de la retórica, la política de seguridad se redefinió bajo la premisa de atender causas sociales y evitar la escalada armada.
Sin embargo, los hechos recientes obligan a preguntarnos si ese giro no derivó en una pérdida de capacidad disuasiva del Estado frente a organizaciones criminales cada vez más diversificadas, territorializadas y financieramente robustas.
Sería simplista atribuir la situación actual a un solo sexenio. La degradación institucional es acumulativa. Sin embargo, también es cierto que las decisiones políticas tienen consecuencias.
Cuando el crimen organizado alcanza la dimensión que hoy observamos, no solo opera en la clandestinidad, busca incidir en la vida pública. Lo vimos antes en Colombia y Venezuela desde los años ochenta, organizaciones que no se conformaron con influir tras bambalinas, sino que penetraron estructuras formales de representación y gobierno.
En México, las señales están a la vista. Procesos electorales marcados por la intimidación, la imposición o el financiamiento ilícito; economías regionales capturadas y autoridades locales cooptadas o rebasadas. Nada de esto ocurre sin complicidades. El crecimiento del crimen organizado es inseparable de redes políticas, financieras y administrativas que le permiten expandirse.
La seguridad no se agota en despliegues castrenses ni en programas sociales. Requiere instituciones autónomas, sistemas de justicia eficaces, partidos democráticos, prensa libre y ciudadanía vigilante. Requiere, en suma, un Estado fuerte en legitimidad, no solo en armas.
¿Cómo llegamos hasta aquí? Por una suma de decisiones, omisiones y complicidades a lo largo de décadas. ¿Cómo salimos? Reconociendo que el problema es multifactorial y que la reconstrucción pasa tanto por recuperar el control territorial como por revitalizar la vida política y democrática del país.
Sin esa doble vía, la violencia seguirá siendo no sólo un desafío de seguridad, sino un síntoma de un Estado que no logra reconciliar autoridad con legitimidad.
POSDATA: Qué triste escena la del miércoles pasado. Un día después de lo anunciado, la secretaria de Gobernación finalmente presenta su reforma electoral y todo se reduce a un “PowerPoint” de 10 láminas y con la promesa de que será hasta el día de hoy en el que se conocerá el alcance de la propuesta; ya veremos.
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