Las declaraciones de Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, lo colocan en el centro de una disputa que va más allá de los libros de texto: la lucha por el control del relato histórico desde el Estado.
Arriaga se presenta como un resistente. Afirma que se negó a retirar contenidos sobre la guerra sucia, Ayotzinapa o Nochixtlán; que rechazó eliminar menciones a figuras como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez o Lorenzo Córdova; que no aceptó quitar el prólogo del presidente Andrés Manuel López Obrador en el libro de Historia. El discurso es claro: defender la memoria frente a intentos de censura.
Pero una postura crítica obliga a mirar más allá de la narrativa de resistencia.
1. La contradicción de fondo
Arriaga sostiene que no obedecerá “a un patrón” sólo porque recibe un salario, comparando la petición con exigencias del PRI o el PAN. Sin embargo, su función pública implica responsabilidad institucional, no militancia ideológica. Si considera ilegítima una instrucción, existen mecanismos administrativos y legales para impugnarla; convertir el desacuerdo en un alegato político puede fortalecer su imagen personal, pero debilita la institucionalidad.
Además, vincular la Nueva Escuela Mexicana directamente con la 4T y el obradorismo revela una tensión central: ¿es la educación pública un proyecto de Estado o de gobierno? Si el modelo educativo se define como emanación de un movimiento político específico, queda expuesto a ser desmontado en la siguiente alternancia.
2. Memoria histórica o selección ideológica
Defender que no se eliminen capítulos sobre la guerra sucia es, en principio, una postura legítima en favor de la memoria histórica. Pero la pregunta incómoda es otra: ¿qué criterios se aplican para incluir o excluir contenidos?
Si la acusación es que antes se invisibilizaban episodios incómodos del pasado, hoy el riesgo es el inverso: sobrerrepresentar ciertas narrativas bajo una lógica de reivindicación política. La educación no debe ser un espacio de reparación simbólica partidista, sino de análisis plural y crítico.
Cuando Arriaga plantea que retirar un capítulo sería “convertirnos en derecha”, traslada la discusión pedagógica al terreno binario de izquierda vs. derecha. Esa simplificación empobrece el debate educativo. La historia no es un campo de lealtades ideológicas, sino de interpretación rigurosa.
3. El argumento económico y la concentración de poder
Arriaga denuncia que el negocio del libro de texto ascendía a 3,500 millones de pesos y que se desplazó a editoriales como Trillas, SM o Santillana. El señalamiento sobre intereses económicos es relevante, pero no basta con expulsar a actores privados para garantizar transparencia.
La centralización absoluta en el Estado también puede generar opacidad, discrecionalidad y falta de contrapesos. La pluralidad editorial —bien regulada— puede ser un mecanismo de equilibrio; su eliminación concentra el poder narrativo en un solo actor: el gobierno en turno.
4. El riesgo del protagonismo
El tono de “atrincherado” en la SEP proyecta una imagen de confrontación permanente. Pero la educación pública requiere estabilidad, diálogo técnico y consensos amplios. Convertir la elaboración de libros en una épica personal puede polarizar aún más un proceso que debería estar blindado de disputas facciosas.
La defensa de la memoria no debe depender de voluntades individuales, sino de marcos institucionales sólidos y transparentes.
5. ¿Qué está realmente en juego?
El problema no es incluir o excluir un prólogo presidencial, ni mencionar o no a determinados personajes. El problema es si los libros de texto están diseñados para formar ciudadanos críticos o para reforzar una narrativa política dominante.
La postura de Arriaga puede leerse como un acto de coherencia ideológica. Pero también puede interpretarse como la consolidación de una visión donde el Estado define qué memoria es legítima y cuál no, bajo parámetros políticos.
La educación pública mexicana ha oscilado históricamente entre la propaganda oficial y la reforma pedagógica genuina. El reto es salir de esa dicotomía. Porque cuando la historia se convierte en trinchera, el aula deja de ser espacio de pensamiento crítico y se transforma en escenario de disputa ideológica.
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